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El procurador Alejandro Ordóñez advirtió que han pasado cuatro años desde que inició el proceso de licitación y que en ese tiempo el Gobierno debió haberse percatado de los daños ambientales que se podrían provocar a un ecosistema que está declarado como una de las reservas naturales más importantes del mundo.
"La Anla duró cuatro años en este proceso, donde han debido prever lo que previeron ayer y han debido prever las razones por las cuáles determinaron la suspensión", manifestó Ordóñez.
"Son temas que tenemos que evaluar con sensatez. Fueron cuatro años en los procesos correspondientes que determinaron la adjudicación de la licencia", agregó el jefe del Ministerio Público.
Al referirse a la ANLA, Ordoñez señaló que una autoridad seria y responsable no puede actuar sin la necesaria previsión y sin recaudar todos los elementos de juicio necesarios, planificación y riesgos que puedan presentarse en una actuación administrativa,
Tras el análisis que realice la Procuraduría, el órgano de control podría a corto plazo, abrir una indagación preliminar a las entidades involucradas en el otorgamiento de esta licencia.
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