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El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, insistió en las penas que deben pagar los responsables de delitos de lesa humanidad, como las Farc, y advirtió que también deben aplicarse para los agentes del Estado.
En un documento de más de 100 páginas enviado a la mesa de conversaciones de La Habana, Cuba, el procurador indicó que es indispensable contar con diversos mecanismos y opciones para proporcionar "un mínimo de justicia y un máximo de verdad en favor de la paz".
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En la misiva dirigida al jefe negociador del Gobierno, Humberto de La Calle, y de las Farc, Luciano Marín Arango, alias 'Iván Márquez', el procurador general señaló que los mecanismos de justicia y su marco de aplicación "no puede omitir la investigación, el juzgamiento, la condena judicial ni el cumplimiento efectivo de las penas de reclusión, cuando los responsables de crímenes atroces sean agentes estatales, integrantes de la Fuerza Pública, autoridades civiles o dirigentes políticos".
No obstante, Ordóñez Maldonado aseguró que es "imposible" validar que los miembros de las Farc pretendan no ser objeto de juzgamiento ni de pena efectiva de reclusión como una forma de evadir las consecuencias penales de sus actos.
"La pena no debe ser entendida como una imposición, una humillación o una derrota, sino como muestra de sincera voluntad de reconciliación y de dignificación de las víctimas, e inclusive de los victimarios", aseguró el procurador Ordóñez.
Dentro del documento dado a conocer por el procurador general en la mesa de diálogos de La Habana, se precisa que se debe asegurar que no exista impunidad frente a los más graves crímenes que hayan sido cometidos por los máximos responsables.
"Si bien existen límites, la justicia transicional cuenta con diversos mecanismos y opciones para proporcionar un mínimo de justicia y un máximo de verdad en favor de la paz. Como ese mínimo de justicia sacrifica estándares esperados en situaciones de normalidad, debe ser genuino; o podría convertirse en aleccionador para continuar la estela de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos", agregó el procurador Ordóñez.
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El procurador advirtió que este tipo de mecanismos de justicia y su aplicación deberá ser competencia exclusiva del Congreso de la República.
"No es aceptable desde el punto de vista constitucional que se llegue a usurpar dicha competencia pretendiendo definir ese marco jurídico en la Mesa de Conversaciones. Sería muy grave para los militares y policías que su suerte jurídica la decidieran las Farc y el Gobierno Nacional en La Habana", agregó el Procurador.
