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Varios procesos administrativos sancionatorios abrió la Superintendencia Nacional de Salud a título personal, contra los representantes de las EPS Medimás, Convida, Comparta y Coomeva.
De acuerdo con esa entidad, las sanciones se derivan por el presunto incumplimiento a las instrucciones impartidas en medidas cautelares, para que resolvieran 12.740 casos que generaban un riesgo para la vida de los usuarios.
“Las medidas de estricto cumplimiento les ordenaban remover de manera inmediata, las barreras que impedían a los usuarios acceder a tratamientos de alto costo y a la entrega de medicamentos”, señala uno de los apartes del comunicado.
La Supersalud advirtió también que al momento de verificar el cumplimiento de la medida, se evidenció que 7.468 casos estaban aún pendientes por resolver.
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El superintendente delegado de Procesos Administrativos de la Supersalud, Andrés Evelio Mora Calvache, señaló que la mayoría de estas peticiones, quejas y/o reclamos (PQRD), fueron radicadas ante la Superintendencia a lo largo de 2019 con corte a marzo 31 de 2020 y agregó que las EPS no dieron respuesta y solución de fondo a esos casos.
“Se evidenció el presunto incumplimiento de lo ordenado por la Superintendencia, por lo que se iniciaron los procesos administrativos sancionatorios correspondientes”, explicó.
La EPS Medimás registra 7.248 PQRD con medidas cautelares y 5.759 abiertas, le sigue la EPS Convida con 1.052 quejas y 661 peticiones; la EPS Comparta con 579 medidas y 226 peticiones y finalmente, Coomeva que tiene 3.861 quejas y 822 reclamos.
El funcionario señaló que a la EPS Coomeva, se le abrió también una investigación por incumplimientos en un acciones judiciales.
“A esta EPS se le abrió investigación por el incumplimiento de una medida cautelar, un fallo de tutela y porque no dio respuesta a unos requerimientos formulados por la Superintendencia”, destacó Moras Calvache.
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Las investigaciones se abrieron contra los representantes legales Alex Fernando Martínez Guarnizo de Medimás; Angela María Cruz Libreros de Coomeva; Hernando Durán Castro de Convida y Mónica Hernández Benites, de Comparta.
Según la Superintendencia de Salud, de comprobarse la responsabilidad de los investigados, podrían darse sanciones a título personal que van desde los 50 hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).
Estos gerentes también podrían ser removidos de sus cargos e inhabilitados hasta por 15 años para el ejercicio de ese tipo de funciones, concluyó la Supersalud.
