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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a la jefe de Comunicaciones de la Alcaldía de Cali, Luz Marina Cuellar, por presuntas irregularidades en un contrato suscrito con varios ‘influencers’ para contenidos digitales de la administración distrital.
El ente de control aseguró que la funcionaria celebró contratos, de prestación de servicios, sin “certificar los requisitos de idoneidad y experiencia de ‘influencers’”, por lo que, al parecer, incurrió en una falta disciplinaria.
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“La Provincial de Instrucción de Cali señaló que la funcionaria pudo incurrir en falta disciplinaria al avalar los documentos presentados por contratistas, sin que se ajustaran a lo exigido en los estudios previos, en los que se especificó que se debía tener conocimiento certificado para crear, difundir y divulgar el material que se publicaría”, dice el comunicado de la Procuraduría.
Entre tanto, el Ministerio Público señaló que “Cuellar Salazar habría celebrado negocios jurídicos para la “prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión” con personas que no acreditaron un saber determinado, ni la culminación de un programa en una institución de educación superior”, continua el oficio.
Por último, la Procuraduría sostuvo que la funcionaria incurrió en presuntas faltas gravísima. “La entidad indicó que la jefe de Comunicaciones posiblemente quebrantó los principios de responsabilidad y de selección objetiva, por lo que de manera provisional calificó las presuntas conductas como faltas gravísimas cometidas a título de culpa gravísima”, continúa el oficio.
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Cabe resaltar que la denuncia la había realizado, a través de RCN Radio Cali, el abogado Abogado especialista en Derecho Público y Magister Análisis Político y Electoral, Daniel Briceño, quien, en su momento, había asegurado que el alcalde de Cali gastó más de 150 millones de pesos, entre los años 2021 y lo corrido del 2022, para mejorar la imagen de la Administración Distrital a través de redes sociales.
“Frente a los ‘influencers’ hay contratos que encontramos del año 2021 y 2022; hay contratos actuales que en este momento suman más de 150 millones de pesos, unos $82 millones de pesos en el 2022, y unos $68 millones para el 2021”, había denunciado el abogado Briceño.
