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Según el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia, los funcionarios incurrieron en destinación indebida de dineros públicos para favorecer a algunos miembros de la Policía Nacional.
La demanda fue interpuesta por el abogado Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, quien detectó que los corporados aprobaron un acuerdo en 2012, para entregar apoyo económico permanente a los escoltas del alcalde Carlos Trujillo, al comandante del distrito, al subcomandante y a otros oficiales.
Pese a la promulgación del fallo del Tribunal Administrativo, el comandante operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, coronel Diego Vásquez, respondió que no está enterado de las denuncias.
Lo más grave, de acuerdo con el demandante Pablo Bustos, es que las dádivas eran entregadas para premiar resultados en la lucha contra la criminalidad, toda vez que Itagüí era el municipio más violento del Valle de Aburrá para la época. Confirmó que los policías recibían bonos para cambiar en almacenes de cadena.
Rosa Acevedo, abogada y habitante de Itagüí, manifestó que las irregularidades de los funcionarios agravan la situación presupuestal y se suman a las investigaciones que afronta el exalcalde Carlos Trujillo.
Si el Consejo de Estado confirma la decisión, podrían perder la investidura además del mandatario León Mario Bedoya López, sus colegas para la época de los hechos: Elkin De Jesús Zuleta Estrada, Norberto Gaviria Álvarez, Osval Darío Ramírez Ossa, Andrés Felipe López Ramírez, Zulma Del Socorro Ocampo Montoya, Juan Andrés Caro Sánchez y Carlos Alberto Gutiérrez Bustamante.
A través de un comunicado, el actual alcalde confirmó que interpondrá el recurso de apelación ante el Consejo de Estado y dijo que no se pronunciará sobre la providencia.
A continuación el informe del particular:
