Pilotos de Avianca iniciaron trámites para demandar al Estado tras ilegalidad de su paro

La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles radicó ante la Procuraduría, un recurso de conciliación extrajudicial, con el cual exigen una indemnización por más de 83 mil millones de pesos por parte del Estado, alegando que el Ministerio del Trabajo afectó los derechos de sus afiliados y generó daños materiales al sindicato.

En esta petición, que dentro del proceso judicial se conoce como el primer paso de una demanda, los miembros de ACDAC señalaron que el MinTrabajo no debió convocar un Tribunal de Arbitramento obligatorio para dirimir sus diferencias laborales con Avianca.

“En un inexplicable acto de desprecio por la función proteccionista asignada legalmente al Ministerio del Trabajo y garante de los derechos de los trabajadores, la señora Ministra del Trabajo se puso al servicio del capital, en contra de los trabajadores”, dice el argumento de la conciliación planteada por los aviadores.

Los pilotos sindicalizados de Avianca exigieron en su conciliación extrajudicial que el Gobierno reconozca 50 millones de pesos a cada aviador que fue sancionado por la aerolínea y 400 millones para cada piloto que fue retirado de la misma durante el paro, teniendo en cuenta su edad de jubilación.

“La empresa AVIANCA S.A. anunció despidos y represalias en atención a la Resolución arbitrariamente expedida por el Ministerio del Trabajo, lo cual cumplió al iniciar más de 300 procesos disciplinarios, los cuales han resultado en una serie de sanciones que se han ido materializando”, dice la demanda de ACDAC.

Así mismo, pide $2.000.000.000 para la ACDAC por supuestos daños causados a la asociación. Y finalmente, pide $400.000.000 por cada piloto que no ha podido regresar a la operación dado que sus licencias de vuelo se vencieron por no volar durante los días en que duró el cede ilegal.

Según la ACDAC, el Ministerio de Trabajo prejuzgó y se parcializó a favor de Avianca, afectando así supuestamente a los pilotos que entraron en la huelga, a pesar de que el Tribunal Superior de Bogotá y por la Corte Suprema de Justicia declararon dicho cese de actividades como ilegal.