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La Procuraduría decidió abrir indagación preliminar en contra del exalcalde de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo, por la denuncia presentada por el gerente y representante legal de la empresa Recaudos y Tributos S.A., Jacobo Noguera, porque el exmandatario terminó unilateralmente el contrato de gestión de impuestos aduciendo razones de ilegalidad.
Según El Espectador, la terminación de la concesión de impuestos de propiedad de la empresa R y T fue adoptada por Caicedo porque, según él, era necesario el ahorro a la ciudad del pago de más de $140.000 millones que “ahora se destinan para el pago de becas a los jóvenes pobres” de la ciudad que estudian en programas de educación superior.
En su defensa frente al proceso, Caicedo dijo que “el caso del contrato de gestión de impuestos, nos puso en la necesidad de enfrentar los apetitosos intereses de un grupo español –INASSA–, que obtuvo durante casi doce (12) años cuantiosas ganancias por ejecutar actividades que no se pueden privatizar y por sólo imprimir facturas de impuestos percibieron grandes utilidades”.
“No vamos a detenernos en continuar defendiendo lo público y los intereses de la ciudadanía. Como ciudadano colombiano, me sigue preocupando Santa Marta y por tanto, nuestra lucha continuará para evitar que los dineros públicos queden en manos de pocos habiendo tantas necesidades urgentes que atender”, recalcó.
Caicedo dijo a El Espectador que respeta profundamente las decisiones de la Procuraduría, y por ello, solicitó también que se inicien investigaciones disciplinarias en contra de la empresa Recaudos y Tributos –que por administrar dineros públicos y ser contratistas del Estado pueden responder disciplinariamente-, pues no se han hecho las investigaciones contra esa compañía
“Estamos prestos a atender cualquier requerimiento de la Procuraduría General de la Nación para esclarecer los hechos denunciados por el gerente de R y T y confiamos en que todo se aclare prontamente”, agregó.
El exalcalde inició un proceso jurídico para terminar anticipadamente el contrato que le entregó la gestión de los impuestos a la firma R y T y que le representó a esa empresa ingresos superiores a los $60.000 millones.
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