La FM en Google News
En las últimas horas, se conoció que una tutela que fue interpuesta por Natalia Baquero y Omar Villarraga, una pareja de esposos que trabajaban en servicios generales en la Hacienda Presidencial Hato Grande.
Ambos acudieron a la tutea luego de haber sido despedidos de sus cargos tras declararlos insubsistentes por parte del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), a cargo de Diego Molano.
El hecho ha sido criticado desde diferentes sectores a través de las redes sociales, ya que la pareja argumenta que a la dificultad de ser despedidos sin previo aviso en medio de la pandemia, se suma el hecho de que ahora deberán buscar un lugar donde vivir junto con su hija de 6 años, quien presenta condiciones especiales.
Lea también: Argemiro Hernández, el camarógrafo que perdió la batalla contra la Covid-19
"Como resultado de la desvinculación nos han impuesto el deber de salir con nuestro trasteo de la Hacienda Hato Grande, como cualquier desplazado, y hacer entrega de los bienes e inventarios en tan sólo cinco días que se cumplieron el 31 de julio, plazo que -contó a partir del día siguiente de la desvinculación- fue impuesto por funcionarios de la presidencia sin la posibilidad de tiempo para conseguir un lugar para vivir", relató Omar en la tutela.
Allí también cuenta que, ante la sorpresiva medida, tuvieron que dejar parte de sus muebles y enseres repartidos en casas de familiares. "Debimos acudir a una habitación en casa de mis suegros para poder pasar los días que vienen, mientras buscamos un sitio donde vivir; lo que destruye y ofende gravemente nuestra dignidad”, señaló.
En la tutela la pareja además indica que su hija de 6 años presenta varias enfermedades que requieren atención especial, entre ellas, síndrome de la apnea del sueño, asma moderada y epilepsia, además de tener retraso cognitivo. "Estas circunstancias reportan una indiscutible incapacidad total para valerse por sí misma, agravado por su corta edad, lo que hace depender integralmente de nosotros sus padres, en todos los sentidos", sostuvo.
Le puede interesar: Avifavir ruso será suministrado a siete países latinoamericanos
La pareja también advierte que, si se concreta la insubsistencia y no se suspenden sus efectos de forma inmediata, "quedaremos sin remuneración y sin seguridad social en unos días con las nefastas irreparables consecuencias que ello implica para nosotros, al dejar sin eficacia nuestros derechos constitucionales de los cuales reclamamos la protección inmediata".
Además, exponen que, con la decisión, tanto la Presidencia de la República como el Dapre, vulneran sus derechos a la dignidad humana, al mínimo vital de subsistencia; el derecho a la vida e igualdad ante la ley, el derecho a la familia, a la seguridad social, a la protección de débiles físicos y psiquiátricos.
Consultado Diego Molano, director del Dapre, a través de su jefatura de prensa notificó que por el hecho de haber una tutela sobre ese tema, no habrá pronunciamiento fuera del proceso.
