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Colombia ya superó los ocho meses desde que se registró el primer caso de coronavirus. En ese tiempo el Gobierno ha destinado millonarios recursos para atender la emergencia y han sido vigilados por diferentes entidades para comprobar el correcto uso de estos dineros.
La alianza ‘Ciudadanía Activa: con los ojos puestos en los recursos Covid-19’, conformada por nueve organizaciones de la sociedad civil, durante cuatro meses ha venido haciendo seguimiento a la contratación pública nacional sobre la covid-19, encontrando cerca de 20.000 contratos asociados por un valor cercano a 2.5 billones de pesos.
Producto de este seguimiento se identificó una serie de recomendaciones que buscan ayudar a prevenir la corrupción, permitiendo acceso a la información pública y generando más garantías para que se realicen ejercicios ciudadanos de seguimiento a recursos públicos.
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Estas recomendaciones están enfocadas en tres actores claves en el proceso de contratación: la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, Entidades Contratantes y Autoridades Locales, y Órganos de Control y de Investigación.
“Esperamos que las autoridades e instituciones puedan tomar como insumo y aceptar estas recomendaciones muy puntuales para continuar avanzando en la transparencia y el acceso a la información. Esto facilita también el trabajo de las organizaciones y ciudadanía que quiera hacer seguimiento a los recursos públicos”, señaló James Fonseca, director Ejecutivo de la Corporación Vigía Cívica – Pereira, parte de ‘Ciudadanía Activa’.
Recomendaciones para la Agencia Nacional De Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
- La calidad de los datos registrados en la plataforma SECOP I, II y la Tienda Virtual del Estado es deficiente. Se recomienda estandarizar la información y utilizar los mismos términos y campos en las tres plataformas mencionadas. Además, es importante que todos los datos estén disponibles y agrupados en el portal de Datos Abiertos del Gobierno Nacional que facilita este cruce de datos y su análisis.
- Fallas en el diligenciamiento de la información. Es clave realizar capacitaciones periódicas sobre el uso de la plataforma SECOP y certificar a los servidores públicos y darles claves individuales de acceso, con el fin de comprobar que cuenten con el conocimiento necesario para hacer un uso correcto de las plataformas.
- Publicar los datos de manera oportuna y en un tiempo determinado. Durante el seguimiento se evidenció que algunas entidades cargaban contratos en el SECOP días o inclusive meses después de firmados.
Recomendaciones para las Entidades Contratantes y Autoridades Locales
- Se deben responder los derechos de petición oportunamente. Ignorar las solicitudes de información o dilatar los tiempos de respuesta impide el ejercicio ciudadano y viola el derecho a la información, por eso se recomienda a las autoridades locales y entidades públicas un cambio de actitud, de manera que entienda la transparencia como un medio para garantizar el acceso a la información, pero además como un canal fundamental para promover la participación ciudadana.
- Falta de idoneidad en los contratistas. Se han encontrado alertas sobre contratistas que no cumplen con criterios de idoneidad, empresas sin experiencia previa en contratación pública y/o sin Registro Único de Proponente (RUP). Frente a esto las entidades públicas deben proactivamente verificar las calidades de las personas naturales o jurídicas con quienes contratan con el fin de asegurar las calidades y experiencias necesarias y evitar contrataciones inadecuadas que deriven en un detrimento de los recursos públicos.
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Recomendaciones para Órganos de Control y de Investigación
- Garantizar el acceso a la información de procesos que son de interés público. Es fundamental que la ciudadanía pueda disponer de herramientas y estrategias para hacer seguimiento a los procesos de las investigaciones. En el caso de la Contraloría General, se recomienda tener espacios en su página web que permitan conocer los procesos preventivos adelantados por la entidad.
- Reforzar la función preventiva de los órganos de control en la contratación estatal. Es de vital importancia que tanto la Procuraduría General de la Nación como la Contraloría General fortalezcan su control preventivo, sobre todo a nivel regional, con el fin de alertar a los funcionarios y evitar graves perjuicios por acciones u omisiones de las entidades públicas en la gestión contractual. Y que la Fiscalía avance oportunamente en la investigación y recopilación de pruebas.
