Nueva investigación contra expresidente de la SAE por presuntas irregularidades con dineros públicos

La Procuraduría investiga supuestas irregularidades en procesos de pago que no fueron aprobados previamente.
Procuraduría General de la Nación
El valor del proyecto presentado por la alcaldía distrital ante el concejo, es de 1.7 billones y endeudaría a la ciudad por 30 años. Crédito: Cortesía.

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al expresidente de la Sociedad de Activos Especiales Andrés Alberto Ávila Ávila, por la presunta autorización de millonarios pagos por más de $3.000 millones.

El organismo señaló que las presuntas irregularidades por las que se inició el proceso disciplinario, habrían generado una desfinanciación en los gastos de funcionamiento de la entidad.

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La Delegada para la Economía y Hacienda Pública señaló que el exdirectivo habría avalado en la vigencia 2022 cancelar conceptos asociados a la nómina de 14 cargos profesionales de la planta de la Vicepresidencia Jurídica y la Gerencia Técnica.

El organismo menciona que esos cargos serían correspondientes a $ 1.500 millones, de bonificaciones por $ 1.000 millones, y el costo de la planta para 10 funcionarios de proyectos especiales que asumió en un 100 % la entidad que dirigía, correspondiente a $ 1.122millones.

La delegada afirmó que, al parecer, los gastos investigados no se encontraban presupuestas, no fueron sometidas previamente a consideración del Comité Técnico del CNE, ni a la aprobación del Consejo Nacional de Estupefacientes.

Para la Procuraduría,el expresidente de la Sociedad de Activos Especiales habría vulnerado los principios de responsabilidad, eficacia y el de economía, por lo que de manera provisional calificó la posible conducta como falta grave cometida a título de culpa gravísima.

Ávila ya tiene otro proceso pendiente en el organismo de control, pues actualmente es investigado debido a que el directivo habría ordenador gastos de funcionamiento, avaló el pago de bonificaciones, autorizó el pago de indemnizaciones a directivos por cambio de gobierno, entre otros.

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Al parecer, esas decisiones también fueron tomadas y ejecutadas sin que estuvieran debidamente autorizadas para la vigencia para el año 2022 por el Comité Técnico de Frisco, ni por el Consejo Nacional de Estupefacientes.





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