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A pesar de su prontuario y del pedido del gobierno norteamericano, el Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia negó la autorización para que José Martín Yama Guacanés, perteneciente al resguardo de San Juan de Ipiales Yama Guacanés sea extraditado.
La razón es que Yama Guacanés, al pertenecer a una comunidad indígena, ya fue procesado bajo la jurisdicción especial que ampara a los nativos constitucionalmente en una decisión ratificada por la misma Corte Suprema de Justicia.
"Cabe recordar que la extradición es una figura de carácter procedimental. Su naturaleza no es sancionatoria", mencionó en un comunicado el Ministerio, tras descartar que "en el desarrollo del procedimiento se observa un debido proceso y se garantizan los derechos fundamentales de la persona reclamada".
En el desarrollo de la aplicación de la denominada justicia tradicional por las mismas autoridades indígenas, el comunero fue condenado a una pena privativa de la libertad de 10 años, por su responsabilidad en los delitos de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de activos.
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