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El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, señaló que ese organismo trabaja junto al Gobierno en una estrategia para contrarrestar y evitar una posible ola de tutelas y acciones judiciales contra el plan nacional de vacunación contra el coronaviru covid-19.
Gómez dijo a RCN Radio que "tengo muy claro que la tutela es un mecanismo que ha sido útil constitucionalmente y que los ciudadanos tienen derecho a usarlo, pero desde luego el abuso de la tutela puede causar en este caso específico un perjuicio a los ciudadanos que están la espera del proceso de vacunación".
Sostuvo que "la Agencia de Defensa Jurídica, junto al Ministerio de Salud y la Secretaría Jurídica de la Presidencia, está desarrollando un trabajo conjunto para encargarse de la defensa de estas normas y tratar de salvaguardar el orden establecido, que no es caprichoso sino que obedece a todos los estudios técnicos que el ministerio de Salud ha hecho".
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De igual forma, aseguró que Colombia no posee información de que exista algún tipo de inhabilidad para poder avanzar en la negociación con las farmacéuticas con las cuales se está en contacto para la adquisición de vacunas contra la covid- 19.
"No tenemos conocimiento, ni sabemos de ningún caso, hasta el momento, en los cuales estas compañías o sus directivos hayan sido condenados por los delitos que están en los tratados internacionales a lo que se refiere esta ley.
También manifestó: "Nos consta un esfuerzo del presidente, el ministro de Salud y de todos los funcionarios del ministerio para lograr que en febrero estén las vacunas como lo ha anunciado el propio Jefe de Estado".
Gómez Alzate defendió la confidencialidad con la que se ha manejado el proceso de compra y adquisición de las vacunas contra el coronavirus, argumentando que está amparado en todos los parámetros legales.
"La confidencialidad se debe a que existen procesos de propiedad industrial que están en marcha y existen condiciones que están previstas en la ley de transparencia (...) la cual es la misma ley que tiene como excepción los temas de salud de manera expresa", agregó.
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El funcionario enfatizó que como director de la Agencia Jurídica del Estado es el primer interesado y promotor de transparencia en todos los tipos de contratación pública, el cual es un derecho de los ciudadanos, salvo aquellos que la ley dice que debe haber confidencialidad como en este caso.
