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Contratos directos con el Metro de Medellín, un alza del 50 por ciento en los salarios actuales y una vinculación laboral digna, reclaman los conductores de los buses alimentadores y del Metroplús, quienes en el 2014 habían instaurado una querella ante el Ministerio de Trabajo por la tercerización de sus contratos.
Tres años después, y respondiendo a esa solicitud, el Ministerio de Trabajo confirmó la apertura de un proceso sancionatorio y la formulación de pliego de cargos contra el Metro, argumentando que: “la contratación de esos trabajadores mediante terceros no es admisible, considerando que el objeto social, la infraestructura y la planta de personal del Metro están organizados para que sean contratados en forma directa".
Claudia Montoya, presidenta del Sindicato del Metro, explicó que el pliego de cargos no solo es contra el Metro, sino contra las dos empresas contratistas Fundación Pascual Bravo y Universidad de Antioquia, entidades que tendrían tercerizados a cerca de 350 conductores.
El sindicato aseguró que el Metro no trata a los conductores como empleados dignos, sino como simples estudiantes que no reciben ningún tipo de garantías laborales. Además, pidió que la investigación del Ministerio de Trabajo conlleve a sanciones ejemplares.
Por su parte, a través de un comunicado, el Metro afirmó que "desde el año 2013 se firmaron unos acuerdos de formalización avalados por el Ministerio del Trabajo, que cobijan las actividades de conducción de trenes y de buses, y en los cuales se estableció la verificación cada 6 meses del cumplimiento de la normatividad laboral por parte de los empleadores directos del personal".
