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El Consejo de Estado le ordenó al Ministerio de Defensa diseñar entre los Comandos de Policía del país un plan integral de inteligencia, con el fin de lograr un control estructural efectivo respecto de la incorporación, permanencia y funciones de los uniformados de esa institución para evitar actos de corrupción.
La decisión fue adoptada por el alto tribunal al condenar a dicho Ministerio por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de un civil en la vía que de Bogotá conduce a Madrid (Cundinamarca), el 7 de agosto de 2009.
En el proceso se logró demostrar que la desaparición y muerte de esta persona, así como la de otros trece transportadores que operaban en zonas rurales de Bogotá, fue cometida por una banda delincuencial de la cual hacían parte varios agentes de la Policía, quienes realizaban retenes en las vías de Cundinamarca para hurtar camiones y ultimar a sus conductores.
Los cuatro agentes de la Policía que hacían parte de la banda fueron destituidos de sus cargos y, uno de ellos, fue condenado a sesenta años de prisión por el asesinato del particular.
La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Hernán Andrade Rincón, señaló que los uniformados de la Policía involucrados utilizaron su condición de agentes activos de la institución para realizar tales retenes, con apariencia de legítimos, lo cual les permitió engañar a su víctima.
“La comisión de delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra se traducen en un agravio para la comunidad internacional en su conjunto y no solo para el Estado lesionado. Por esta razón, en el derecho internacional general se ha establecido una distinción respecto de la imputación del daño al Estado infractor en ese tipo de eventos relacionados con violaciones graves a intereses fundamentales de la humanidad, con el fin de prevenir y reprimir con mayor rigor tales conductas”, indica la sentencia.
La Sala también explicó que, por parte de la Policía, faltaron medidas efectivas de vigilancia y control del comportamiento de los integrantes de la institución, lo que denota indiferencia o tolerancia frente al desempeño de los uniformados en el ámbito personal y profesional.
El Ministerio de Defensa deberá pagar una indemnización de más de 700 millones de pesos a los familiares de la víctima y tendrá que presentar excusas públicas por estos hechos.
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