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Durante el debate de control político en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, clarificó las intenciones y alcances del Decreto 044 de 2024, enfatizando que este no busca prohibir la explotación minera en Colombia.
Así mismo, aclaró que su objetivo es establecer criterios más rigurosos para la declaración y delimitación de reservas de recursos naturales de carácter temporal, como una estrategia para mitigar el impacto en áreas protegidas y ordenar el sector minero ambiental del país.
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Este decreto surge como respuesta a una sentencia del Estado que ordena definir áreas específicas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y estrategias de conservación para zonas que deberán ser excluidas temporalmente de la minería.
Esto permitirá evaluar si estas áreas merecen ser incorporadas a la protección permanente, evitando así conflictos ambientales y la ejecución de proyectos mineros en zonas críticas.
La ministra Muhammad indicó que “la Agencia Nacional Minera entregó títulos por más de dos décadas en el país, sin consultar con las autoridades ambientales, en debida forma, creando problemas de inseguridad jurídica y problemas socioambientales de conflictividad socioeconómico”.
Además, la ministra señaló que la falta de claridad entre los sectores de Minas y Ambiente ha generado numerosos problemas, con proyectos que, después de años de trabajo, no han podido ejecutarse.
Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, indicó que “tenemos una situación del pasado, y es que eso es respuestas y manera en la que se ha dado la titulación en donde se entregaron títulos en páramos y entregaron títulos en zonas de reserva ambiental, y entregaron títulos en lugares con biodiversidad y es una situación concreta que debemos resolver”.
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El Decreto 004 del 2024 establece los requisitos que los particulares deben cumplir para solicitar la explotación de recursos ante el Estado, incluyendo el licenciamiento ambiental y el instrumento ambiental, siendo este último normalmente la licencia ambiental.
Finalmente, la ministra Muhammad criticó la práctica de más de dos décadas de otorgar títulos mineros sin la debida consulta con las autoridades ambientales, lo que ha generado inseguridad jurídica y conflictos socioambientales.
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