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El ministro de Defensa Guillermo Botero afirmó que el martes de esta semana revelará las medidas administrativas y disciplinarias contra, al parecer, tres generales del Ejército que estarían supuestamente salpicados en los casos de corrupción denunciados por la Revista Semana.
Botero, en una declaración que dio en la Casa de Nariño, informó que envió una comunicación directa al procurador general, Fernando Carillo, para pedirle formalmente que adelante las respectivas investigaciones para esclarecer las denuncias.
“He dirigido una comunicación al Procurador General, ofreciéndole toda la colaboración para los procesos disciplinarios que pueda estar adelantando o inicie contra los miembros de la fuerza pública, estamos poniendo toda nuestra capacidad institucional con la certeza de que la acción de los órganos de control favorece la construcción de confianza”, sostuvo Botero.
“Quiero ser claro, no vamos a ser ni indulgentes ni temerarios, pero sí sumamente diligentes. En el día de mañana anunciaremos las medidas administrativas que estemos tomando y esos anuncios serán dados a conocer a la mayor brevedad”.
La Procuraduría General abrió investigación preliminar en contra de los generales Adelmo Fajardo, segundo comandante del Ejército; Eduardo Quirón, del comando de Apoyo de Contrainteligencia, y Jorge Horacio Romero, del comando de Apoyo de Acción Integra, por presuntamente hacer parte de un entramado de corrupción en el interior de la institución.
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El Ministerio Público abrió tres líneas de investigación para establecer la veracidad de las denuncias presentadas en un reportaje de la revista Semana sobre la exigencia de dineros para financiar viajes, expedir salvoconductos o identificar fuentes de información.
En este último punto se señala que se habrían ofrecido 100 millones de pesos para identificar a las fuentes de los reportajes publicados en los últimos días en The New York Times y Semana sobre la "resurrección" de los denominados "falsos positivos".
Igualmente, se habrían ofrecido permisos extendidos a cambio de las identidades de las personas que estarían entregando los audios y los documentos oficiales.
Carrillo aseguró que el órgano de control disciplinario ha recibido información que vincula a los oficiales con los hechos de corrupción.
