Mandatarios locales, obligados a proteger a líderes sociales que son candidatos

Así lo ordenó la Procuraduría en una directiva emitida a los alcaldes y gobernadores,
Fernando Carrillo, procurador general de la Nación
Fernando Carrillo, procurador general de la Nación Crédito: Colprensa

El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, dijo en el Congreso de la República que se están implementando medidas para garantizar la vida de los candidatos y de los líderes sociales en las regiones del país.

Carrillo reveló que desde esa entidad se ordenó a los alcaldes y gobernadores implementar medidas especiales de seguridad para los aspirantes que también tienen la condición de líderes sociales, ya que esto incrementa el nivel de riesgo.

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Sacamos una directiva que obliga a los mandatarios departamentales y municipales a proteger la vida de los líderes candidatos”, indicó Carrillo.

“Le habíamos solicitado al Gobierno que eso lo hicieran ellos. Nosotros lo hicimos porque nos parece que ese cruce de las dos variables es fundamental y es que se redobla la amenaza en el momento en que haya un candidato a una corporación pública que además sea un líder social”, añadió.

El jefe de la Procuraduría también hizo un llamado al Gobierno nacional para que se haga un revolcón en la manera como se protegen a los dirigentes sociales y políticos en los territorios, y se implementen esquemas colectivos de seguridad.

“Los esquemas de seguridad individual, los esquemas de seguridad urbana y los esquemas de seguridad reactiva están mandados a recoger en los territorios en Colombia. Aquí lo que se necesitan son esquemas de seguridad colectivos, con enfoque diferencial, preventivo”, indicó.

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Además, afirmó que en esto “no solo debe jugar un papel fundamental la Unidad Nacional de Protección (UNP), sino los actores de carácter local, que sea la ciudadanía la que salga a defender la vida de los líderes sociales y de los candidatos”.

El procurador Carrillo también mostró su preocupación por los casos de trashumancia que se están presentando en el país, ya que han descubierto un posible trasteo de alrededor de 700.000 cédulas.


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