A la cárcel funcionarios de Cartago por contratos irregularidades

Los investigados habían celebrado un contrato de 230 millones de pesos, relacionado con la emergencia sanitaria.
La audiencia se cumple esta tarde en Valledupar
Imagen de referencia. Crédito: Colprensa

Un juez envió a la cárcel a cuatro funcionarios de la Alcaldía de Cartago, en el norte del Valle del Cauca, por la indebida celebración de contratos en medio de la pandemia por el Covid-19.

Los investigados fueron identificados como: Gloria Syrley Salazar, secretaria General de Cartago, Gustavo Adolfo Rojas Giraldo, secretario Jurídico, Johana Andrea Betancourt Ramírez, jefe Oficina de Planeación Educativa y Mauricio Andrés Cerezo Osorio, auxiliar administrativo de la localidad.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los funcionarios habrían suscrito tres millonarios contratos, uno por 230 millones de pesos, relacionado con la emergencia sanitaria por el Covid-19, con la empresa Sociedad Provisiones y Soluciones Empresariales.

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Se conoce que fue enviado a prisión Juan Diego Osorio Peláez, contratista representante legal de dicha organización con la que presuntamente tenían vínculo a través de terceros y habrían buscado su favorecimiento.

Según se conoció, los detenidos deberán de responder por los delitos de violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades; interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir.

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En el mes de abril, la Contraloría General de la República dio a conocer un informe sobre presuntas irregularidades en la compra de las ayudas por la crisis del coronavirus en Cartago.

El ente investigador, en esa fecha, le solicitó a la Administración municipal un estudio de precios y también que relacionaran la cantidad de mercados entregados.

Cabe mencionar que en el Valle del Cauca son investigados, por la Fiscalía, la secretaria de Desarrollo Social, Nataly Toro y el representante de Corpovalle, Adrián Zamora, por irregularidades en contratos de alimentación a la población de adultos mayores por un costo de más de mil millones de pesos.


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