Juzgado admitió demanda que busca anular gobierno corporativo de EPM

La fundación afirmó que EPM debería establecer nuevos mecanismos para la conformación de la junta directiva.
Edificio EPM
Edificio de Empresas Públicas de Medellín (EPM) Crédito: Cortesía EPM

El juzgado 26 administrativo de Medellín admitió la demanda interpuesta por la Fundación Forjando Futuros, que pretende anular el gobierno corporativo de EPM, porque al parecer, empresarios privados participan en las decisiones relacionadas con los recursos públicos de la ciudad.

El director de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega Medina, dijo que el gobierno corporativo de EPM le da prioridad a los intereses de grupos económicos privados, en vez de proteger el patrimonio público.

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"El gobierno corporativo de EPM resultó ser el mayor mecanismo de enriquecimiento de unos pocos empresarios del sector privado, a costa del detrimento del interés público y del patrimonio de Medellín, causando su empobrecimiento. En síntesis, el gobierno corporativo le da mayor prioridad a los intereses de privados que a los mismo ciudadanos", señaló Vega.

La acción judicial pasará a un proceso de estudio para validar los argumentos de la implementación del gobierno corporativo entre la Alcaldía de Medellín y EPM en abril de 2007.

"La demanda también busca un estricto régimen de inhabilidad para evitar la puerta giratoria entre altos cargos directivos de EPM y directivos de empresas privadas, lo que evidentemente ha llevado a un conflicto de intereses sobre privados ante el intereses público", destacó Vega Medina.

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Finalmente, desde la Fundación Forjando Futuros insistieron en que "resultó ser mayor el mecanismo de enriquecimiento de unos pocos empresarios del sector privado, en detrimento del interés público y del patrimonio de la ciudad de Medellín, causando su empobrecimiento".

La fundación afirmó que EPM debería establecer nuevos mecanismos para la conformación de la junta directiva como prohibir la contratación con empresas donde haya trabajado sus miembros y que se inicien procesos sancionatorios contra los incumplimientos de los contratistas, pese a que estén vinculados como socios.


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