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Los jueces de ejecución de penas de Bogotá elevaron su voz de protesta ante el Gobierno Nacional, sobre las solicitudes de libertad que están enviando los guerrilleros de las Farc que están en las cárceles del país.
Para los jueces la inexistencia de la Jurisdicción Especial de Paz y su funcionamiento los han obligado a negar las libertades a quienes por cuenta de ser admistiables acuden a la justicia para conseguir este fin.
De igual forma, advirtieron que existe un vacío para aplicar la ley 1820 de 2016 (conocida como la ley de amnistía) porque además, "no existe el texto definitivo de dejación de armas, que trata explícitamente el artículo 18 de la mencionada ley, sin importar la situación jurídica del aspirante a ser beneficiado con misma (privado o no de la libertad".
Según la juez Shirley del Valle Albarracín, coordinadora de Servicios administrativos, "lo que queremos expresar es que los jueces de ejecución de penas estamos dispuestos a darle aplicación a la normativa, solamente que tienen unas exigencias imposibles de cumplir".
Asimismo, señalaron que no están de acuerdo con las declaraciones por parte del alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, de que los jueces no están cumpliendo con sus funciones dentro de la implementación de los acuerdos.
"A pesar de no encontrar en el texto de la Ley 1820, tratamiento diferenciado, nos asalta enormemente la preocupación en torno a la posibilidad de error en que podemos incurrir, al otorgar los efectos de esta normativa a personas ajenas a las filas de las FARC-EP o que a pesar de su militancia, estén en oposición al proceso de paz firmado con el Gobierno Nacional (disidentes), situación que se decantaría eficientemente con las listas que se anuncian por vía de la referida ley y los pronunciamientos de los representantes de los extremos en conflicto", señala el documento.
