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Argumentan los indígenas que una de las exigencias que tienen para el Gobierno, es que el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, ofrezca disculpas por haber “celebrado la captura de Feliciano Valencia” en un hecho ocurrido el 15 de septiembre de 2015.
Para los voceros aborígenes, con la puesta en libertad de Valencia, el ministro debe no menos que ofrecer disculpas públicas.
"Cuando el compañero Feliciano fue apresado, él dijo 'celebramos la captura de Feliciano Valencia'. Creemos que públicamente sí tiene que pedir perdón o reconocer por qué hizo eso, pues estamos dispuestos a escuchar sus motivos. No cogieron a Feliciano, cogieron a la jurisdicción especial indígena. Queremos saber por qué dijo eso, porque estaba caliente o porque estaba frío", solicitó el vocero indígena.
Esta petición fue acogida por Iragorri, quien también sacó a relucir cuentas pendientes con los voceros indígenas. "Estoy de acuerdo con lo que ha dicho en el caso de Feliciano la Fiscalía y la Procuraduría, pero eso es un proceso que no depende de nosotros sino de la rama judicial. Y yo daré las disculpas públicas correspondientes, cuando me den a mi también las respectivas disculpas por haberme dicho 'paraco gran hijueputa' aquí mismo en La María", dijo el ministro Aurelio Iragorri.
El funcionario hace referencia a un episodio anterior en el que se debatían las peticiones hechas por las comunidades ancestrales al Gobierno Nacional.
Feliciano Valencia fue retenido por las autoridades, bajo la acusación de secuestro del cabo indígena del Ejército Jairo Danilo Chaparral, quien fue sometido a castigos bajo la jurisdicción especial de la etnia Páez asentada en Santander de Quilichao, Cauca en el año 2008.
Para entonces, Chaparral fue señalado de ser un infiltrado de las fuerzas militares y que estaría realizando operaciones de inteligencia infiltradas de las actividades desarrolladas por la guardia indígena.
En los usos y costumbres aborígenes de esta etnia, el supuesto comportamiento del militar amerita una serie de castigos que fueron denunciados ante la Fiscalía, lo que motivó una condena de 28 años para Valencia.
El caso fue llevado a instancias de la Corte Suprema de Justicia, que decretó la nulidad del proceso una vez revisados los acontecimientos. Argumentó el alto tribunal que no hay razones para restarle legitimidad en la justicia ordinaria a los usos y saberes del poder que ejerce la Jurisdicción Especial Indígena.
Este rifirrafe entre el ministro y las comunidades indígenas inició con la petición realizada por los voceros del paro agrario en esta zona del país.
Escuche la disputa entre el ministro y los indígenas en los audios divulgados por el programa 'La Página', de Radio 1040 am, del departamento de Cauca.
