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Desde hace varios días, las comunidades del corregimiento de Gibraltar, zona rural del municipio de Toledo, impiden el funcionamiento de la planta de gas que surte de este servicio a miles de familias en los departamentos de Santander y Norte de Santander.
Yimmi Aguablanca, representante de la comunidad indígena Uwa, aseguró que desde hace varios días se mantiene suspendida la operación de la planta de Gas de Gibraltar, zona rural del municipio de Toledo, situación que genera preocupación en la zona.
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El representante de la comunidad indígena indicó que está restringido el acceso de vehículos y la operación en su normalidad, con el fin de exigir mejores condiciones laborales para las comunidades y que no se contamine las fuentes de agua.
“El ingreso a la planta es restringido para los vehículos, personal puede ingresar normal, no hay toma en la planta de gas de Ecopetrol; lo que tenemos es un control al ingreso al planta como tal, hay campesinos, indígenas, afros y dirigentes sociales que suman cerca de 300 personas”, aseguró el líder indígena.
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A lo anterior agregó que “lo que nosotros hemos pedido es que se paren los ataques al oleoducto Caño Limón Coveñas, pues eso afecta la madre naturaleza, que la gente que se contrate en estas obras tenga condiciones dignas laborales”.
Además, señaló que el tema de la Vía la Soberanía es de vital importancia para las comunidades de este lugar, donde esperan que haya atención inmediata por parte del gobierno.
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“Nosotros lo que necesitamos es que se arregle la vía La Soberanía; son 150 kilómetros que están en pésimo estado, es intransitable, la gente se tarda hasta 10 horas en salir de allí; estamos en contra de proyectos de extracción mineral, necesitamos cuidar la tierra”, explicó.
Entre tanto, Aníbal Fernández de Soto, vicepresidente de desarrollo Sostenible de Ecopetrol, aseguró que esta parálisis está afectando a más de 500 mil familias, las cuales no están recibiendo el servicio de gas en los departamentos de Santander y Norte de Santander.
Fernández de Soto aseguró que estas acciones de hecho, que también se están presentando en los departamentos de Arauca y Boyacá, están frenando el mantenimiento necesario de los equipos, lo cual genera un riesgo para la comunidad y la operación de la planta.
