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José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), envió una petición a la Corte Constitucional en la que pide que el caso en curso relativo a los abusos contra defensores de Derechos Humanos y líderes sociales en el país, se acepte a la ONG como 'Amicus Curiae', o "amigo del tribunal".
Con esta petición, lo que se busca es que la Corte pueda tener en cuenta los hechos, argumentos y estándares internacionales presentados en los informes de HRW, que documentan los asesinatos de defensores de los Derechos Humanos en Colombia en los últimos cinco años.
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En el informe se argumentan las deficiencias en los esfuerzos del Gobierno para prevenir los asesinatos, proteger a los defensores y responsabilizar a los culpables. Y advierte que la implementación es lenta, en cuanto a planes gubernamentales para proteger a comunidades enteras en riesgo a través de programas de protección colectiva.
En el caso de las deficiencias, el informe señala que hay "muy pocos fiscales, jueces e investigadores en las áreas más afectadas por estos asesinatos. Hasta la fecha, no se ha establecido un equipo especial de jueces, anunciado por el presidente Duque en mayo de 2019 para juzgar casos relacionados con asesinatos de defensores de Derechos Humanos".
También asegura que "la capacidad es limitada por parte de los órganos especiales creados en virtud del acuerdo de paz para manejar estos casos, incluida la Unidad de Investigación Especial y el Equipo Élite de la Policía".
En otro de los apartes, el informe señala que hay problemas las estrategias implementadas, "en los últimos años, donde las autoridades colombianas han creado una serie de mecanismos, algunos de los cuales se establecieron en virtud del acuerdo de paz de 2016".
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Entre los problemas, Vivanco advierte de "la gran cantidad de mecanismos de protección, que difunden recursos y despilfarran esfuerzos. Implementación lenta de planes gubernamentales para proteger comunidades enteras en riesgo y organizaciones no gubernamentales que protegen derechos a través de programas de protección colectiva".
También asegura que hay "incapacidad del Gobierno del presidente Iván Duque de convocar periódicamente a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (...) Su trabajo hasta la fecha no ha sido sustancial y no ha tenido resultados concretos".
Y califica como vago y poco claro "un plan de acción de 2018 del Ministerio del Interior para proteger a los defensores de los derechos humanos, conocido como Plan de Acción Oportuna, ha significado que su impacto sobre el terreno sea escaso".
El informe, entregado a la Corte Constitucional, además califica como "fracaso de la Asesoría Presidencial para la Estabilización y Consolidación de implementar un plan anunciado en 2019 para proteger a los civiles que participan en planes de reemplazo de cultivos de coca, incluidos los defensores de derechos humanos".
El informe, de 127 páginas, se denomina 'Sin defensa: asesinatos de defensores de derechos en las comunidades remotas de Colombia”' y fue entregado por Vivanco a la Corte Constitucional, donde también pide "otorgar la solicitud de realizar un seguimiento periódico de las acciones emprendidas por las autoridades colombianas para atender esta situación".
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