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Frente a la acción legal que interpuso EPM solicitando a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) que modificara el artículo que exige la evacuación de las comunidades en el área de influencia de Hidroituango antes del encendido de la hidroeléctrica, la Ungrd indicó por medio de un comunicado que la ley es clara al señalar que ante cualquier situación de incertidumbre que exista se deben tomar las medidas de precaución, teniendo en primera instancia el cuidado de la vida y la protección de las familias.
EPM interpuso un recurso de reposición frente a la Resolución 1056 del 4 de noviembre de 2022 emitida por la UNGR para solicitar la modificación del artículo que ordena la evacuación de las comunidades aguas abajo del megaproyecto. El Director de la Ungrd, Javier Pava Sánchez, indicó que el encargado del proyecto, la Gobernación y las alcaldías son las responsables de garantizar la evacuación de las comunidades.
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El documento enviado el pasado martes, antes de que EPM entrara en operación comercial, fue firmado por el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, quien enumeró una serie de condiciones por las que el artículo debe replantearse, entre ellas, las complejidades que han advertido los alcaldes de los municipios de Valdivia, Tarazá, Briceño e Ituango al señalar que no cuentan con los insumos técnicos mínimos necesarios para atender una orden de evacuación.
En la misiva, Carillo reiteró la seguridad y confiabilidad del megaproyecto. Tal como lo había advertido el gerente de la junta directiva y alcalde de Medellín, Daniel Quintero, al asegurar que, aunque no considera necesaria la evacuación atenderá las órdenes del Gobierno Nacional.
"No es cierto que haya que mover a las poblaciones, tenemos que ser completamente enfáticos, no es necesario, no se necesita hacer ninguna evacuación para ninguna prueba de un proyecto que es seguro y que funciona bien."
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El directivo de EPM sostiene que el recurso de reposición puede ser interpuesto toda vez que el acto administrativo debió ser notificado personalmente a las entidades a las que se les ordenó una serie de obligaciones que deberían cumplirse antes de la entrada en operación del Proyecto Ituango, acción que no ocurrió.
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