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Durante la intervención del director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava, en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, señaló la importancia de evacuar los municipios aguas abajo del megaproyecto.
“Nosotros estamos recomendando como coordinadores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) que ante la situación que se pueda generar por el inicio de la operación de Hidroituango y los riesgos que puedan exponer a una población que está ubicada aguas abajo e incluso a pocos kilómetros del proyecto, se tomen las medidas de precaución que establece la Ley. Lo que queremos es que se cumpla la Ley y pedir que se cumpla”, asegura el director general de la UNGRD.
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El funcionario recalcó que ante la incertidumbre que existe por las pruebas de esta megaobra, es imperante hacer cumplir la ley, donde se deben tomar las medidas de precaución, en primera instancia la vida y la protección de las familias.
“Ante este panorama lo que hicimos fue mediante un acto administrativo, solicitar que esas familias sean evacuadas de manera preventiva, cuando existe un riesgo que se puede generar a la entrada de operación del proyecto”, señaló Javier Pava.
El director fue claro en mencionar que el responsable del proyecto debe ser el responsable de que se cumplan todas las normativas y requisitos antes del inicio de las pruebas, por lo que le solicita a la gobernación y a las alcaldías el acompañamiento necesario para tomar las medidas que fuesen requeridas.
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“Si una actividad puede generar un riesgo del cual no hay una certeza científica de cómo se va a comportar y existe esa incertidumbre frente a eso, tomemos las medidas de precaución, y esto no quiere decir que algo malo vaya a suceder, tal vez no ocurra nada, pero si llega a suceder aquí hay unas responsabilidades, y es la misma constitución habla de un principio de precaución”, sentenció el director de la Unidad.
Por su parte, Empresas Públicas de Medellín (EPM), interpuso recurso de reposición frente a la resolución que obliga a la evacuación de las poblaciones aguas abajo.
El documento, enviado el pasado martes, antes de que EPM entrara en operación comercial, fue firmado por el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, quien enumeró una serie de condiciones por las que el artículo debe replantearse, entre ellas, las complejidades que han advertido los alcaldes de los municipios de Valdivia, Tarazá, Briceño e Ituango, al señalar que no cuentan con los insumos técnicos mínimos necesarios para atender una orden de evacuación.
Adicionalmente, Carillo reiteró en la misiva la seguridad y confiabilidad del megaproyecto, "de conformidad con el mapa de riesgos vigentes, el proyecto puede entrar en operación de manera confiable y segura, toda vez que es un proyecto estable. Sus riesgos se encuentran controlados y monitoreados 24/7 desde el Centro de Monitoreo Técnico el cual cuenta con la mejor tecnología disponible, lo que ha permitido una disminución ostensible de los mismos", dice el texto.
