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Un movimiento ambiental exigió al presidente Gustavo Petro y a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, la publicación inmediata de la resolución de áreas de reserva temporal para el Páramo de Santurbán. La denuncia señala presuntos incumplimientos en el proceso de delimitación del páramo y alerta sobre graves afectaciones ambientales y sociales en la región.
Mayerly López, integrante del Comité para la Defensa del Agua del Páramo de Santurbán, encabezó el plantón realizado este 10 de febrero frente al Ministerio de Ambiente en Bogotá.
Durante la jornada, los activistas radicaron más de 4.000 firmas que se suman a las 20.000 personas que marcharon el pasado 18 de octubre en Bucaramanga, exigiendo que se prohíba cualquier actividad minera que amenace la calidad y cantidad del agua.
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Maryerli López, vocera del movimiento ambientalista protector del Paramó Santurbán, indicó que "hoy se vence el plazo que estipuló el Ministerio de Ambiente para los comentarios y la participación de la resolución de las áreas de reserva temporal. Venimos a radicar más de 4.000 firmas que se suman a la más de 20.000 personas que salimos a marchar el pasado 18 de octubre".
El plazo para la participación y comentarios sobre la resolución de áreas de reserva temporal venció este 10 de febrero, tras una prórroga concedida a las comunidades.
Sin embargo, los ambientalistas exigen que no haya más dilaciones y que la medida sea implementada de inmediato. Esto suspendería por dos años el otorgamiento de licencias ambientales en la zona, permitiendo avanzar en procesos de formalización minera exclusivamente para pequeños mineros locales, sin intervención de multinacionales.
Uno de los principales argumentos de los ambientalistas es que los proyectos mineros están ubicados por encima de las bocatomas del acueducto metropolitano de Bucaramanga, que abastece a más de un millón de personas. Según estudios de la Empresa de Acueducto, cualquier explotación minera en la zona representa un riesgo inminente para el recurso hídrico.
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Además, el informe más reciente de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo evidenció que el Gobierno solo ha cumplido el 3.33 % del cronograma de delimitación del páramo, establecido en la Sentencia T-361 de 2017. De las 30 mesas de trabajo programadas, solo se realizaron una.
Las afectaciones ambientales ya son evidentes. En el área de exploración de la multinacional Minesa, se han secado más de siete quebradas debido a la construcción del túnel exploratorio "El Gigante", lo que ha generado procesos sancionatorios contra la empresa.
También se reportan altos niveles de mercurio en las fuentes hídricas, situación que obligó al acueducto de Bucaramanga a cerrar bocatomas en 2023 por niveles de contaminación, hasta 40 veces superiores a los límites permitidos.
Finalmente, los ambientalistas piden al Gobierno cumplir sus compromisos con la protección del páramo, declarando la reserva temporal y promoviendo alternativas económicas sostenibles para las comunidades locales.
