Emilio Archila, consejero presidencial para el Posconficto, Derechos Humanos y Seguridad
Emilio Archila, consejero presidencial para el Posconficto, Derechos Humanos y Seguridad
Foto de Colprensa
2 Abr 2019 02:55 PM

Gobierno dice que objeciones a la JEP no afectarán situación jurídica de exguerrilleros

Los artículos, de ser aprobados por el Congreso, no serán retroactivos en su aplicación.

El Gobierno Nacional dio a conocer que las objeciones a los seis artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, (JEP), cuyo trámite se adelanta en el Congreso, no afectará la situación jurídica de los excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc. 

Emilio Archilaconsejero presidencial para el Posconficto, Derechos Humanos y Seguridad, afirmó que de aprobarse en el legislativo las objeciones,  su aplicación no será retroactiva.

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“Le hemos explicado a los excombatientes una vez que visitamos los espacios territoriales donde se encuentran concentrados que las objeciones no va a perjudicar su situación jurídica y su aplicación es claro que no será retroactiva”, sostuvo Archila.

Está semana, el Gobierno Nacional hizo un llamado al Congreso de la República para que dé celeridad al estudio de las objeciones.

Archila, indicó que es necesario que se realice cuanto antes ese trámite en la célula legislativa, para que se despejen las dudas sobre las objeciones y se de luz verde a esa normativa.

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“Nosotros, como el presidente Iván Duque también lo ha manifestado, estamos muy atentos para que el Congreso le dé un trámite a las objeciones de la ley estatutaria lo más pronto posible; ese es nuestro interés y estamos atentos a ese trámite”, sostuvo Archila.

El alto consejero para los Derechos Humanos de la presidencia de la República, Francisco Barbosa reveló que si el Congreso rechaza las objeciones a la ley estatutaria de la JEP el presidente Iván Duque cumplirá con su mandato constitucional y sancionará la norma.

Barbosa indicó que el presiente Iván Duque no actuó en contravía de la sentencia de la Corte Constitucional, porque las objeciones presidenciales por inconveniencia son un derecho y están consagradas en una ley.

"Aquí se van a destinar 37.1 billones de pesos para la implementación del acuerdo. Entonces lo que hay que hacer es recoger un consenso nacional en torno a esto, respetando la decisión que tome el Congreso", afirmó Barbosa.