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La Procuraduría impuso un plazo de 15 días para que Dilian Francisca Toro como gobernadora del Valle del Cauca, entregue todos los sustentos y documentos sobre la contratación que se ha adelantado en la entidad gubernamental.
Deberá entregar una relación de los contratos que se han firmado durante su gobernación incluidos los de prestación de servicios.
En la apertura de investigación contra Toro, la Procuraduría pide una explicación de la forma cómo se firmaron lo contratos especificando los nombres de los empleados, los tiempos de contratación y los montos por los cuales se firmaron.
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Esa información será usada para realizar un cotejo con las denuncias contra la Gobernadora y el número real de contratistas en la Gobernación.
“Teniendo en cuenta que la información reportada al proceso no incluyó a quienes laboran con el despacho de la Gobernadora, las secretarías del Sector Social, Competitividad y Desarrollo Sustentable, Seguridad y Convivencia Territorial y las dependencias de apoyo transversal”, dice la Procuraduría.
Las denuncias señalan que al parecer, Toro habría beneficiado con contratos en la Gobernación a personas cercanas a su movimiento político luego de que una reorganización administrativa que supuestamente le permitió desvincular a varios empleados.
Toro fue investigada por la Corte Suprema de Justicia, proceso que fue archivado en febrero de 2018 por no tener pruebas que comprobaran supuestos vínculos con los paramilitares para su campaña política en el 2006.
