Gobernador Luis Pérez refuta orden de arresto y da su explicación

Un juez de Medellín impuso la orden de arresto contra el gobernador de Antioquia por desacatar una tutela.
Gobernador Luis Pérez presentó segundo libro sobre Hidroituango.
Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. Crédito: Cortesía Gobernación de Antioquia.

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez aseguró que su administración logró solucionar el problema de hacinamiento en la cárcel de Santa Fe de Antioquia, lo que dejaría sin piso los diez días de arresto y la multa que le impuso un juez de Medellín por desacatar una tutela.

Recordó que el recurso fue interpuesto en 2014, cuando el gobernador era Sergio Fajardo.

Pérez Gutiérrez cuestionó que el fallo también afectara al director del Inpec, general William Ernesto Ruiz; al director de la Uspec, Ricardo Varela; y a 16 alcaldes del departamento. Aseguró que aún no ha sido notificado y confió en que el Tribunal Administrativo de Antioquia reversará la decisión.

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"Yo espero que la situación se resuelva muy pronto esta misma semana. Primero: porque yo no he sido notificado de nada. Han llegado comunicaciones a la Secretaría, pero al gobernador, no. Segundo: porque creemos que hemos cumplido lejos con esta situación y yo espero que el honorable Tribunal Administrativo de Antioquia, cuando le llevemos la documentación, deje sin piso la decisión", señaló el mandatario.

El gobernador agregó que, en ese entonces, "el juez le dio un plazo para arreglar las instalaciones del centro de reclusión y, además, buscar un mecanismos de descongestión. En 2014 no se cumplió y en 2015, tampoco. Llevamos 3 años y medio y la juez revivió el proceso y dijo que todavía faltan cosas por cumplir. Esos son gajes del oficio. Nosotros hemos resuelvo el problema sin la necesidad de un juez".

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Según el mandatario, la Gobernación de Antioquia aportó 9.000 millones de pesos, hizo los diseños y compró el lote para la construcción de la cárcel de Yarumal, norte del departamento. Sin embargo, el Ministerio de Justicia le ha puesto el “freno de mano” al proyecto agrícola que albergaría a mil 500 reclusos y permitiría descongestionar los centros penitenciarios.

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