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La sala plena de la Corte Constitucional tiene en sus manos definir sobre el futuro de las consultas mineras en el país. El Estado ha dicho que las consultas han puesto a temblar sus finanzas, mientras que las organizaciones sociales han dicho que es la única forma de que la población tenga voz y voto sobre la extracción de hidrocarburos.
La audiencia pública tiene que ver con el fallo que debe emitir la Corte sobre una tutela de la empresa Mansarovar Energy Ltda. contra el Tribunal Administrativo del Meta, que dio vía libre a la consulta popular sobre la extracción de petróleo en Cumaral.
Se espera que con esta audiencia la Corte zanje el debate entre la minería y la consulta popular, debido a que según cifras del Gobierno se han realizado nueve consultas sobre minería e hidrocarburos de las cuales seis han sido suspendidas y 54 están marcha.
Al respecto, la magistrada Teresa Herrera del Tribunal Contencioso Administrativo del Meta ha señalado: "no se debe desconocer que la consulta popular es una expresión del principio democrático y es deber del Estado fomentar las prácticas democráticas articulo 41 de la Constitucional Nacional".
Por su parte, Luis Arturo Ramírez, del Consejo Municipal de Cumaral, ha señalado que las licencias han atentado contra las fuentes hídricas que surten los acueductos. "Solicito a la honorable Corte no hacer eco positivo a ninguna de las pretensiones (...) el derecho fundamental humano al agua está por encima de los intereses económicos".
