Formulan cargos por actos de corrupción en PAE de Santander

Por presuntas irregularidades y supuestos actos de corrupción en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Santander, para la vigencia 2016, por más de $23.800 millones de pesos, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos a la representante legal de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda, Luisa Fernanda Flórez Rincón.

Para el ente de control esta persona habría utilizado comprobantes de egreso y supuestas facturas y transferencias con proveedores ficticios para justificar la presunta compra de frutas, huevos, tamales, panes, tortas, cárnicos, y otros productos.

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¿Qué se investiga?

La persona investigada, al parecer cometió conductas penales de falsedad material en documento público y privado, en el contrato 601 del 21 de abril, suscrito con la Gobernación de Santander para la entrega de complemento alimentario a 100 mil estudiantes beneficiarios del PAE.

Según la Procuraduría, esto habría permitido que el propietario de la cooperativa, Germán Trujillo Manrique, se apropiara ilegalmente de de $2.159.794.618 provenientes de recursos del Estado para operar el programa.

En una falta disciplinaria habría incurrido la representante legal, según el ente de control, porque como particular que cumple una función pública, al parecer con su conducta generó un posible detrimento patrimonial al Estado, en desmedro de la efectividad de la prestación que materializaba el derecho a la educación de los niños y niñas de Santander.

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El ente de control también formuló pliego de cargos a la ex secretaria de Educación de Santander, Ana de Dios Tarazona, por posible vulneración de los principios, de responsabilidad, transparencia, y porque no fue objetiva con la contratación estatal, y si hubo posible direccionamiento del contrato 601, a favor de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda.

La Procuraduría reprochó que en los requisitos habilitantes se establecieron condiciones que pudieron restringir la participación de oferentes, y se habría favorecido a la cooperativa.

Otro de las personas que también se le endilgó cargos es el representante legal del Consorcio Interventoría Alimentarte 2016, Fernando León Medina Monsalve, por presunta omisión en su deber de informar los hechos que podían constituir actos de corrupción, o que ponían en riesgo la ejecución del contrato, y que al parecer permitieron que terceros se apropiaran de dineros públicos destinados a la alimentación escolar.