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LA F.m. conoció el informe técnico de la Fiscalía General de la Nación sobre las investigaciones que se vienen adelantando por parte del ente acusador, sobre el escándalo de contratos del Instituto de Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, para el suministro de alimentos para instituciones educativas.
En el documento que tiene en su poder LA F.m., la Fiscalía investiga más de 10 contratos de proveedores de alimentos con esa entidad. Inclusive con el propio Ministerio de Educación, con 11 mil menores de edad beneficiarios de la población más vulnerable, en seis regiones del territorio nacional, con siete operadores.
En el departamento de La Guajira, se investigan cuatro contratos. El primer contrato número 375 para atender a 2 mil 300 beneficiarios; el segundo, el número 383 para atender más de 2 mil 400 beneficiarios, ambos por un valor superior a los 10 mil millones de pesos, según la Fiscalía, con una apropiación superior a los 2 mil millones de pesos, de la Fundación un Mejor Vivir.
De igual modo, en esa misma región, un tercero suscrito en diciembre de 2014 para Maicao, para atender más de 400 beneficiados y el cuarto suscrito el mismo mes del 2014 dirigido a más de 1.000 menores; esos dos por un valor de más de 4 mil millones de pesos, con una apropiación ilegal de dinero de más de mil millones de pesos, de la Fundación Semillas Colombia.
El departamento del Atlántico: contrato número 331 del 22 de diciembre de 2014 para atender más de 500 beneficiarios, el segundo suscrito la misma fecha para 400 beneficiarios, contratos por un valor superior a los 2 mil millones de pesos, según la Fiscalía con un peculado de 300 millones de pesos, Unión Temporal Unidos por la Niñez.
En el Amazonas: un contrato de diciembre de 2011 para la asistencia de menores inmersos en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, por un valor superior a los mil millones de pesos, con una apropiación ilegal de más de 400 millones de pesos, Corporación Creser.
En Magdalena: con un contrato suscrito con el Ministerio de Educación, programa de alimentación escolar con el convenio 001 de febrero de 2016 para el suministro de alimentos escolares para el municipio de Aguachica, Cesar, por un valor superior a los 500 millones de pesos. De acuerdo a la Fiscalía, se detectó una apropiación ilegal a la totalidad del contrato, con la Fundación Programas de Prevención y Nutrición.
En el departamento de Chocó, con un contrato de diciembre de 2014 por un valor superior a los 4 mil millones de pesos de la Fundación Obras de Misericordia, con un peculado de más de 2 millones de pesos.
Y Huila, con el contrato de Atención Integral a la Primera Infancia de diciembre de 2014 de más de 2 mil millones, con una apropiación según el ente acusador superior de 4 millones de pesos, de la Corporación para el Desarrollo y Bienestar Integral de la Comunidad Los Girasoles.
Según este informe técnico de la Fiscalía General de la Nación, los contratos suman más de 25 mil millones de pesos, cuya apropiación general, según se estableció en 7 mil 700 millones de pesos.
