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LA F.m. conoció que a Daniel Hernández, fiscal que adelanta la investigación por el caso de las 'chuzadas' y seguimientos ilegales a periodistas, no se le ha reforzado su seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección, luego de que la semana pasada este mismo medio reveló que el funcionario del ente acusador recibido amenazas intimidades donde afirman que atentarán contra su vida.
En dichas llamadas realizadas al fiscal, entre los que se encuentran la directora de LA F.m. Vicky Dávila y parte del equipo de trabajo, se le anuncia al funcionario del ente acusador que va a ser asesinado, tal como ocurrió con su padre, quien murió en la masacre de La Rochela, ocurrida el 18 de enero de 1989.
Es de resaltar que estas llamadas contra el fiscal coinciden con la denuncia realizada por LA F.m. el pasado jueves, donde fuentes de alto nivel de la Fiscalía General de la Nación le dieron a conocer a esta emisoraque un funcionario del cuerpo técnico de investigación, CTI, engaño a sus superiores para realizar el peritaje a uno de los vehículos que estaría involucrado en los seguimientos ilegales a varios periodistas, dentro de ellos a la directora de la F.m. Vicky Dávila.
La actividad judicial se realizó sin una previa notificación a quien lidera esa investigación, el director del CTI, Julián Quintana. De la misma manera, LA F.m. pudo establecer que la Policia Nacional envió un correo electrónico al funcionario solicitando ese peritaje, el cual contestó inmediatamente, señalando que iba a realizar ese procedimiento.
Agente del CTI engañó a sus superiores en peritaje a vehículo de 'chuzadas' a periodistas
El pasado martes, La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó preocupación por las denuncias en Colombia sobre la interceptación de comunicaciones privadas a periodistas, en aparente represalia por investigaciones sobre presuntos actos de corrupción en la Policía Nacional.
Las pruebas de las 'chuzadas' a periodistas sí existen
La directora de LA F.m. Vicky Dávila, junto a un equipo de periodistas, ha venido publicando desde aproximadamente dos meses una serie de investigaciones que revelarían el involucramiento de altos mandos de la Policía Nacional en una red de prostitución masculina, enriquecimiento ilícito mediante negocios inmobiliarios y tráfico de influencias.
