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Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptaron el sometimiento de 23 exintegrantes de la Brigada Móvil 15 del Ejército, presuntamente implicados en casos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate cometidos en Ocaña (Norte de Santander), en 2008.
Entre los militares que fueron acogidos por la JEP en el marco del escándalo de los falsos positivos hay dos mayores, dos cabos segundos, un cabo primero y 18 soldados profesionales, todos en condición de retiro.
Según la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, en enero y agosto de 2008, los jóvenes Julio César Mesa Vargas, Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, Diego Alberto Tamayo Garcerá, Víctor Fernando Gómez Romero y Jader Andrés Palacio Bustamante fueron trasladados por tierra desde Soacha (Cundinamarca) hasta Ocaña, donde fueron ejecutados extrajudicialmente por estos militares.
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De igual forma, nueve de los uniformados fueron aceptados por hechos ocurridos en febrero de 2008, en el corregimiento de Otaré, Ocaña, en cuya zona fueron asesinados Daniel Alexander Martínez, Diego Armando Marín Giraldo y el menor de edad Jaime Estiven Valencia Sanabria.
Entre los miembros de la fuerza pública incluidos en esta decisión se encuentran los mayores (r) Carlos Gilberto Rodríguez Mora y Henry Mauricio Blanco Barbosa; los cabos segundos (r) Richard Amando Jojoa Bastidas y Ricardo Coronado Martínez; el cabo primero Manuel Ángel Zorrilla Agamez; y varios soldados profesionales.
Estos casos se suman al patrón macro-criminal que ya había sido abordado en el subcaso Norte de Santander, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
Sin embargo, el proceso para resolver la situación jurídica de estos militares retirados continúa en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, dado que no han sido seleccionados por la Sala de Reconocimiento como máximos responsables en los hechos que abordó dicho subcaso.
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Cabe recordar que en el subcaso Norte de Santander, 10 militares retirados, entre ellos el general (r) Paulino Coronado, y un civil ya reconocieron su responsabilidad por 'falsos positivos’ cometidos en la región de Catatumbo y fueron incluidos en la Resolución de Conclusiones emitida por la Sala de Reconocimiento en octubre de 2022.
