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A la larga lista de requisitos que impone el decreto 546 que permite casa por cárcel por COVID-19, se suma las innumerables fallas en la presentación de solicitudes de excarcelación que están llegando a los jueces de la República.
Lo anterior hace aún más demorado el tramite para conceder el beneficio al grupo de personas que tendrían derecho para evitar el contagio del coronavirus en la cárcel.
La presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Remolina, dijo que los jueces se han venido quejando por que las peticiones de detención domiciliaria en virtud del decreto han llegado incompletas.
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Algunas cárceles no han cumplido con el envío de las listas a los jueces, y las que hay están “sin los datos de identificación de las personas privadas de la libertad que lo solicitan”.
En otros casos, llegan peticiones de excarcelación por delitos que el decreto no cobija “sin las certificaciones de cumplimiento de esos requisitos”.
En Bogotá, por ejemplo, los jueces han recibido peticiones que no son compatibles con el programa que ellos están manejando para abrir archivos.
También se han presentado casos en los que el número de interno no coincide con el número de expediente que manejan los jueces, lo que hace más demorado el tramite porque deben buscar en el sistema y verificar la información.
La única cárcel que ha cumplido con los protocolos de envío establecidos ha sido La Modelo de Bogotá, que ya envió un primer listado con cerca de 280 solicitudes en un documento Excel como se pidió por los jueces, según dijo el coordinador del Centro de Servicios Administrativos, Efraín Zuluaga.
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La cárcel Picota solamente ha enviado una lista con cerca de 30 peticiones, la Distrital ha enviado cerca de 48 solicitudes y aún están a la espera de que el Buen Pastor envíe los listados de las reclusas que se podrían beneficias por el decreto.
