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El próximo 25 de julio la sala plena de la Corte Suprema de Justicia escuchará a las 34 personas que aspiran ser el próximo Auditor General de la República, en remplazo de Carlos Hernán Rodríguez.
La Auditoría General es la encargada de supervisar la gestión fiscal de la Contraloría General, del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General y de las Contralorías Territoriales (departamentales, distritales y municipales).
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La carrera por ese puesto ya se inició. La Corte Suprema realizó la convocatoria pública de la cual se elegirá a los tres integrantes que serán presentados al Consejo de Estado para ocupar el cargo.
Entre los postulados están excontralores departamentales y regionales, así como miembros de entidades de control fiscal. La Corte anunció que revisó las hojas de vida de cada uno para evaluar antecedentes penales, disciplinarios y de responsabilidad fiscal.
Los inscritos son Sibel Antonio Acosta, Magda Milena Amado, Henry Amorocho, Luis Fernando Bueno, Jairo Hernando Castañeda, Enrique Castiblanco, Néstor Fabián Castillo, Luz Mercedes Cevallos, Alma Carmenza Erazo, Carlos Eduardo Forero, José Luis Gómez, Jairo Alonso Mesa, Jaime del Cristo Muñoz, José Lizardo Ortiz, Juan Hernán Ortiz y José Joaquín Osorio.
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Pero también están Roque Julio Palomino, Alberto José Peña, Carlos Eduardo Pimienta, Celio Alfonso Pinzón, Jorge Edison Portocarrero, Sonia Alexandra Pulido, Carlos Arturo Ramírez, Efraín Rojas, Sergie Gerardo Rojas, Miguel Antonio Salcedo, Jerónimo Samper, Eloy Enrique Saurith, Luis Fernando Torres, Rodrigo Tovar, Wilson Vargas, Fabián Antonio Vergara, José de Jesús Villamil y Bertha Clemencia Yepes.
Hay que recordar que en el Congreso de la República hacía curso una reforma constitucional que buscaba modificar la forma de elección de Auditor y Procurador General de la Nación.
La iniciativa fue propuesta por el anterior presidente del Consejo de Estado, German Bula, y buscaba modificar los artículos 274 y 276 de la Constitución Política, para establecer que la elección del Auditor quedara en manos de la Cámara de Representantes y que el Senado fuera el encargado de elegir al Procurador.
