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Según lo explicó el senador ponente de esta iniciativa, Roy Barreras, este nuevo mecanismo permite entre otras cosas el derecho a réplica.
“Es un estatuto para quienes hoy están en la oposición al Gobierno. Este Estatuto también se aplicará en el nivel regional para concejos y asambleas, además reglamenta de que los candidatos perdedores en consejos, gobernaciones, Vicepresidencia y Presidencia tendrán derecho a una curul”.
Así mismo, este proyecto dará una financiación especial, derechos al acceso a los medios de comunicación y audiencias púbicas para que, según Roy Barreras, sean transparentes las asignaciones de los recursos.
Otro de los aspectos “novedosos” en este estatuto es que para el caso de las alocuciones presidenciales, las organizaciones políticas declaradas en oposición tendrán el mismo tiempo y horario que tuvo el presidente de turno para controvertir su posición. Sin embargo, este derecho solo se podrá usar tres veces al año.
En el marco de la discusión, la senadora Claudia López, quien ha sido partidaria del Gobierno en la aprobación de los proyectos de la implementación de los acuerdos, aseguró que a través de esta ley se “oficializó la mermelada”.
“Aquí lo que se acaba de oficializar es la mermelada. De qué sirve tener un derecho de réplica si nos han dejado por fuera de las mesas directivas, si son las que determinan el orden del día y se ha institucionalizado el manejo corrupto del presupuesto. 26 años esperando para semejante robo” dijo la senadora de la Alianza Verde.
Otro de los críticos fue el senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, quien aseguró que este proyecto solo contiene medias cosméticas y nada de fondo. Además aseguró que los derechos para la oposición se ganan con propuestas políticas y no a través de leyes.
Valga recordar que durante el estudio de este proyecto en el Congreso, el Centro Democrático principal opositor del Gobierno, no participó en ninguna de las reuniones que se plantearon para articular el proyecto.
La ley pasa a la conciliación del texto en Cámara y Senado para posteriormente ser sancionada por el presidente de la República.
