EPS que no tienen solvencia económica, según Contraloría

En una reciente entrevista en La FM, el contralor (e) General de la República, Carlos Mario Zuluaga, compartió detalles sobre el informe presentado por la Contraloría en las últimas horas, que revela que solo 5 EPS tienen solvencia económica para operar y que 26 Entidades Promotoras de Salud tienen deudas por 25 billones de pesos.

De este modo, el contralor encargado explicó que el informe refleja una evaluación completa de las deudas registradas en el sistema de salud.

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Según mencionó, de los 25 billones, "11 corresponden a las deudas de las EPS a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS)", lo cual, evidencia la necesidad de más recursos para garantizar la sostenibilidad del sistema y la importancia de una gestión más eficiente en el uso y administración de los recursos.

Se mencionaron deudas específicas de EPS con proveedores de medicamentos, servicios tecnológicos y otras entidades, sumando "11.3 billones de pesos".

Además, se abordó una deuda del Gobierno de "3 billones de pesos en proceso de pago", según la sentencia 2881 del 2023, relacionada con presupuestos máximos, subrayando que en términos de UPC el Estado está al día con las EPS.

Siendo así, Zuluaga mencionó las dificultades financieras de estas EPS -entre las que se encuentran, Famisanar, Sanitas, Comfenalco Valle- subrayando el riesgo que esto representa para la prestación del servicio de salud.

"Se ponen en riesgo la prestación del servicio a pacientes que juegan con dos variables, la variable de la denegación del servicio y las demandas que ponen los colombianos en tutelas para la atención del servicio. Esa esas variables no pueden ser con las que jueguen la EPS para que los recursos alcancen", apuntó.

En relación con las críticas recibidas, el contralor defendió la autenticidad de los datos, señalando que "la Contraloría utiliza información directa y no datos recopilados de fuentes no verificadas".

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De este modo, el contralor señaló que "el 80% de la población afiliada está en EPS con dificultades financieras", lo que aumenta el riesgo de afectar tratamientos y servicios.

También resaltó la necesidad de eficiencia en la administración de recursos y cuestionó prácticas financieras inadecuadas, como "anticipos a IPS sin haber prestado aún el servicio".