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El movimiento Ríos Vivos, uno de los mayores opositores del proyecto, celebró que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), haya suspendido parcialmente las obras en Hidroituango.
Sin embargo, esa organización advirtió que fue una decisión “tardía” e “imprecisa” porque la resolución no es clara al definir qué trabajos están relacionados con la mitigación del riesgo.
La socióloga Isabel Cristina Zuleta, vocera del movimiento, aseguró que una suspensión oportuna hubiese evitado que miles de familias abandonaran sus casas en Puerto Valdivia, el corregimiento "fantasma" que permanece en alerta roja.
“Es una decisión tardía. Definitivamente, no era concebible que se continuaran con una obra como si no hubiera ocasionado semejante angustia colectiva que estamos sufriendo en estos momentos”, afirmó la líder.
Agregó que “la Anla debió delimitar muy bien qué es lo que se entiende con obras relacionadas con la emergencia. Si eso se deja al libre albedrío de la empresa, puede justiciar todas las obras como la atención del riesgo, como lo quiso hacer ver con el llenado prioritario, en contra de la normatividad”.
Para evitar un conflicto de interesas entre EPM y el perito que deberá hacer una evaluación de la megaobra, Isabel Cristina Zuleta pidió que el experto sea contratado directamente por el Estado o la Procuraduría.
“Puede haber un conflicto de intereses. La resolución es floja porque debió decir que EPM ponga la plata, pero que sea otra entidad la que contrate al perito. No es posible que ellos mismos lo contraten. El que paga pone las condiciones. Ese informe va a salir amañado”, precisó.
Cabe mencionar que la ANLA ordenó la suspendió de la construcción, llenado y operación del proyecto, donde laboran mil 800 empleados, hasta que el experto emita “un dictamen claro, preciso, detallado y objetivo, sobre las condiciones actuales”.
Esta decisión no implica detener los trabajos de seguimiento y monitoreo, para evitar una tragedia en la población.
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