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Con reuniones informativas en Puerto Valdivia, EPM comenzó el proceso de preparación de las comunidades, para el cierre de la compuerta número 1 de Hidroituango, cuya fecha será anunciada en las próximas horas.
Cabe destacar que Puerto Valdivia, corregimiento ubicado al norte de Antioquia, es el centro poblado más cercano del proyecto y el más afectado en caso de una emergencia.
Desde el cierre de la compuerta 2, el pasado 16 de enero, el nivel del embalse ha subido a ritmos de 20 centímetros diarios, muy por debajo de los esperado.
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Actualmente, el nivel está en 395 metros cúbicos por segundo y se requiere una cota de 405 de altura, para que el agua comience a pasar por el vertedero. Ni la descarta de 300 metros cúbicos por segundo que inyectó la central Salvajina en Suárez, Cauca, lograron subir el nivel.
Los técnicos de EPM adelantan un estudio para determinar el nivel de riesgo de colapso de la reja de captación, que está al ingreso de la Casa de Máquinas de Hidroituango. La novedad se presenta porque una vez clausurada una compuerta, ya no ingresaba solo agua sino también presión al cuarto.
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EPM también confirmó que en caso de que haya alguna novedad que requiera el cierre anticipado de la compuerta restante y se disminuya considerablemente el caudal del Cauca aguas abajo, hará una descarga desde los proyectos hidroeléctricos Porce 2 y Porce 3.
Cierre compuerta 2
Unos 29 minutos tardó la maniobra de cierre de la Casa de Máquinas de Hidroituango. La compuerta dos, que fue clausurada, es un bloque hecho únicamente de acero, pesa 85 toneladas y cerrará el flujo de agua en la estructura de forma vertical, es decir, a modo de descenso. Los primeros reportes entregados por EPM califican como un "éxito" el procedimiento, clave para el futuro del proyecto energético más grande que se construye en el país.
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Pese al parte de tranquilidad, se mantuvo la calamidad pública en 16 municipios ribereños al Cauca en Antioquia, por la emergencia en Hidroituango. Este es un estado de alerta que quedó condensado en un nuevo decreto que firmó el gobernador Luis Pérez, que restringe las movilizaciones, concentraciones o actos masivos que puedan obstaculizar la atención a las comunidades.
