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La jueza 10 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Barranquilla envió a casa por cárcel, este jueves, a diez de los 11 capturados por el desfalco a Colpensiones, cifra que sería superior a los $22.000 millones.
Para William Gerónimo Saltarín, quien fue empleado del juzgado 14 Laboral del Circuito de Barranquilla, la jueza impuso medida no privativa de la libertad. La togada prohibió al mencionado salir del país y deberá presentarse periódicamente ante las autoridades.
En el marco de la crisis sanitaria actual, por cuenta de la pandemia del Covid-19, la jueza acogió la solicitud de la Fiscalía, de detención domiciliaria para los otros diez implicados en este caso, quienes se allanaron a los cargos.
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"Entiendo el problema de salubridad pública como lo es la pandemia que nos aqueja. Sin embargo, debo anotar que mi rol debe estar sujeto al imperio de la ley. En medio de lo expuesto, el Juzgado 10 penal municipal de control de garantías impondrá medida de aseguramiento de detención preventiva en la residencia señalada por el imputado", sostuvo la togada.
Por otro lado, la jueza indicó que no podrán ejercer como abogados, mientras estén vinculados al proceso; sin embargo, otorgó permiso para laborar en un negocio propio a la pareja conformada por María Giselle Romero García y David Andrés Guarguati Méndez.
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Así mismo, se le otorgó este beneficio a José Gregorio Hernández, quien labora como mototaxista, al ser el encargado de sostener económicamente a su familia.
Cabe recordar que el pasado 19 de septiembre fueron capturados estos funcionarios judiciales, jueces y abogados en un operativo adelantado por el Gaula Militar del Caribe, en la ciudad de Barranquilla.
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