En Tibú (Norte de Santander) y Argelia (Cauca) comunidad se envalentona contra el Ejército 

La Fiscalía General de la Nación informó que el viernes 19 de octubre de 2018, en desarrollo de una operación conjunta de la Fiscalía General de la Nación y las Fuerzas Militares contra el narcotráfico, en jurisdicción del municipio de Argelia (Cauca), se ubicó un cristalizadero de droga con cinco laboratorios para el procesamiento de toneladas de cocaína. 

Cuando los más de sesenta soldados e investigadores se disponían a asegurar los elementos incautados, por órdenes de los narcotraficantes de la región fueron rodeados por cerca de 500 miembros de la comunidad, ultrajados, amenazados, privados de su libertad y conducidos a una cancha de fútbol ubicada en la vereda Sinaí de ese municipio, donde se les retuvo por varias horas con el fin de impedirles cumplir con su función, bajo la exigencia de que debía devolvérseles la droga y armas incautadas, que previamente fueron depositadas en un helicóptero que apoyaba la operación. La aeronave no tuvo contratiempos, contrario a lo que sucedió posteriormente.

Una circunstancia similar ocurrió en el mismo municipio hace dos semanas, donde les fue retenida la droga incautada a soldados del Ejército y funcionarios de la Fiscalía, bajo la arenga de que se trata de un territorio cocalero al que no puede volver a ingresar la autoridad. El helicóptero mencionado logró salir del lugar, con parte de la cocaína incautada, pero posteriormente se fue a tierra con la pérdida de la vida de dos oficiales y dos suboficiales del Ejército Nacional. 

Por ello, una comisión de la Fiscalía se desplazó al lugar con el fin de esclarecer los hechos, con el apoyo de una comisión de expertos de la Fuerza Aérea. Con ocasión de estos hechos se ha iniciado una investigación por el delito de secuestro y violencia contra servidor público, entre otros delitos. Igualmente, por los hechos que rodearon el siniestro del helicóptero y la muerte de los miembros de las Fuerzas Militares. 

Frente a los hechos ocurridos, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, manifestó que “estos actos vandálicos no pueden ser tolerados por el Estado ni por la ciudadanía. No hay ningún espacio del territorio ajeno a la soberanía de las autoridades judiciales y militares. Por ello, los narcotraficantes responsables de la asonada y del secuestro, responsables además de movilizar en forma intimidante a la comunidad, serán inmediatamente judicializados, para lo cual he ordenado la apertura de la noticia criminal correspondiente y los operativos judiciales de rigor. La impunidad no será la moneda de cambio frente a la gravedad de los acontecimientos promovidos por las organizaciones criminales que actúan en la zona”. 

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