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El pasado viernes, Grupo San Germán Express sembró la incertidumbre en los cliente de este operador turístico, después de que emitiera un comunicado en el que informó que dejaría de operar por tiempo indefinido.
La aerolínea, que tenía una trayectoria de aproximadamente una década en el mercado, operaba vuelos desde el aeropuerto Olaya Herrera en Medellín hacia destinos de difícil acceso como Nuquí, Bahía Solano, Capurganá, El Bagre, Montelíbano, Urrao y Quibdó.
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Hasta el momento, las razones detrás de la suspensión de las operaciones de la aerolínea no han sido reveladas de manera explícita, pero se han planteado algunas suposiciones que sugieren que esto podría estar relacionado con un proyecto de expansión que contemplaba la oferta de planes turísticos y la diversificación de sus servicios con transporte terrestre.
Advertencia de la Superintendencia de Industria y Comercio a Grupo San Germán Express
Dadas las inquietudes expresadas por las personas afectadas, quienes se encuentran en una situación de incertidumbre, la Superintendencia de Industria y Comercio ha emitido un comunicado en el que anunció que tomará medidas en respuesta al cierre indefinido de este operador turístico.
En su declaración oficial, la Superintendencia de Industria y Comercio, en su papel de Autoridad de Protección al Consumidor, ha emitido una orden administrativa dirigida a GRUPO SAN GERMÁN EXPRESS S.A.S., que previamente operaba servicios turísticos que incluían vuelos charter hacia destinos, principalmente ubicados en la región del Pacífico colombiano.
Con esta advertencia de la SIC se busca que las personas que compraron planes turísticos o que tenían reservas los puedan cancelar o reprogramar sin costo adicional.
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Asimismo la entidad dijo que es necesario informar a todos los usuarios y disponer de un mecanismo de quejas y reclamos para todas aquellas personas que aún no tienen conocimiento de estas medidas.
Finalmente, la SIC dice que se debe cesar la promoción y comercialización de servicios, mientras Grupo San Germán Express mientras esté suspendida la operación.
La entidad reguladora advierte que en caso de incumplimiento de la orden administrativa, después de una investigación correspondiente, podría imponer una multa de hasta mil (1.000) SMLMV al momento de su aplicación. Además, señala que, tras una investigación más exhaustiva, la sociedad podría enfrentar sanciones adicionales, incluida una multa de hasta dos mil (2.000) SMMLV si se constata que ha incurrido en conductas que infringen los derechos de los consumidores, de acuerdo con los artículos 71 y 72 de la Ley 300 de 1996.
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