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La Contraloría General de la República adelanta un proceso de responsabilidad fiscal, por más de $8.800 millones en el manejo de recursos públicos en la Alcaldía de Inírida (Guainía).
El ente de control investiga presuntas irregularidades en la construcción de la plaza de mercado del municipio, a cargo del Consorcio Plaza Inírida, cuyo representante legal es Giovanni Alexander Delvasto, luego de establecer que la obra no había terminado, pese a que debía entregarse a más tardar, el 31 de julio del 2022.
Adicionalmente, la Contraloría evidenció “falencias en la estructuración del proyecto y en la estimación de los términos de ejecución, lo que ha generado que la estructura no cumpla con la finalidad para la cual estaba destinada”.
De igual manera, encontraron que la contratación de la obra tuvo adiciones de cuantías. En medio de la investigación, también le pidieron la lupa al alcalde de Inírida, Pablo Acosta, por un presunto favorecimiento con el representante legal del Consorcio Plaza Inírida y diversas instituciones privadas representadas por Giovanni Alexander Delvasto.
La investigación está en manos de la Contraloría, que determinará si dichas personas incurrieron en conductas ilícitas.
Contratista responsabilizó al Gobierno
Al respecto, Giovanni Alexander Delvasto señaló que los tiempos para la obra realmente desde un principio se sabía que eran imposibles de cumplir.
Ahora bien, según él, se firmó así porque por temas contractuales "era necesario" dejarlo así en papeles. Además, señaló que para eso la ley de contratación permite las prórrogas.
Adicionalmente, Giovanni Alexander Delvasto indicó que la firma del acta de inicio del contrato solo se suscribió tres meses. Esto obedeció a que no había sido entregado el terreno para la misma obra.
En el mismo sentido, indicó que en desarrollo de la obra se tuvieron varios contratiempos para poder llevar el material hasta el lugar de la misma. Aun así, de acuerdo al contratista, el avance es del 73 %.
Señaló también que el contrato fue adjudicado por la Alcaldía de Inírida con financiación del Departamento de Prosperidad Social. Al respecto, denunció que las tardanzas para seguir con el proyecto también están en el DPS.
En ese sentido, indicó: “No entiendo por qué acabaron la anterior interventoría, ellos ya habían aceptado la adición y si el DPS no autoriza es imposible continuar con la obra”.
Por último, dijo que su compromiso es entregar la obra en tres meses después de recibir la adición presupuestal.
