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La masacre se presentó el 22 de mayo de 2006 en el marco de una operación especial antinarcótios a cargo de estos miembros de la Policía, quienes “fueron recibidos con disparos de fusil por miembros del Ejército”,como lo señaló el general Rojas.
Aseguran que tras una larga pelea, el Estado deberá pagarles el 80% de la pretensión planteada inicialmente. Sin embargo, en la actualidad, hay retrasos en la indemnización porque los dineros del Estado están destinados al posconflicto.
Esta versión fue revelada por Marlon Mejía, cuñado del intendente de la policía asesinado, Ramón Díaz Galvez, quien dijo que esta es la respuesta que ha recibido por parte del grupo de abogados que adelanta el caso ante Gobierno nacional.
En ese mismo hecho falleció un civil que estaba al servicio de las autoridades como informante, quien no fue mencionado en el acto de perdón. Por este crimen la justicia condenó al coronel Bayron Carvajal, quien para la época estaba a cargo de los responsables de la masacre, adscritos al batallón de Alta Montaña.
