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El subcomité de apropiaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto para condicionar la asistencia de Estados Unidos a la Policía de Colombia a mejorías en la protección de Derechos Humanos, una exigencia que hoy solamente existe para los fondos destinados al Ejército.
Si el proyecto llega a ser aprobado por ambas cámaras, los recursos que Estados Unidos destine para la Policía colombiana estarían sujetos a que el Departamento de Estado emita una certificación en la que se confirme si Colombia investiga y lleva ante la justicia a los policías implicados en violaciones de derechos humanos.
Al respecto, el representante demócrata Jim McGovern, copresidente de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos, consideró que la responsabilidad de Estados Unidos en este momento de crisis en Colombia implica suspender la asistencia a la Policía de Colombia.
"¿Cuál es nuestra responsabilidad aquí en los Estados Unidos? Muchos de mis colegas y yo ya hemos pedido la suspensión de la asistencia directa de Estados Unidos a la Policía Nacional de Colombia hasta que veamos la responsabilidad judicial por la brutalidad policial", recalcó.
McGovernaseguró además que a diferencia de lo dicho por funcionarios del Gobierno del presidente Iván Duque, las protestas no han sido convocadas y promovidas desde el extranjero, sino que se deben a políticas fallidas.
"Estas protestas no han sido impulsadas por extranjeros o supuestos malos actores. Esta es la tercera vez que los colombianos salen a las calles desde noviembre de 2019 en reacción a políticas fallidas y una gobernabilidad insensible. Esta olla ha estado hirviendo durante mucho tiempo", consideró.
Durante la sesión que la Comisión de Derechos Humanos tuvo sobre las protestas en Colombia, Elizabeth Dickinson, analista sobre Colombia de la ONG Crisis Group, nombró tres riesgos de permitir que la crisis en Colombia continúe.
“Hay tres riesgos de dejar que la crisis de Colombia hierva a fuego lento: La brutalidad policial continua erosiona la credibilidad y la capacidad operativa de la fuerza. La oposición de la derecha a las protestas podría estallar en más violencia de los justicieros. Y los grupos armados y criminales podrían atrincherarse”, dijo la analista.
Dickinson también destacó que, tras la firma del acuerdo de paz en 2016, "el estigma de la asociación con la guerrilla ya no limita el activismo social, mientras que las divisiones y los resentimientos de larga data en la sociedad colombiana se han vuelto más pronunciados".
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW) presentó las cifras y los casos de violencia policial en Colombia en el marco de las protestas, que esa organización consignó en su más reciente estudio.
Vivanco también aseguró, como lo ha hecho en otras oportunidades, que la Administración Biden debe ejercer un papel más activo frente a la crisis en Colombia, e hizo el mismo llamado a los congresistas estadounidenses: "El Congreso de los Estados Unidos y la administración Biden tienen un papel fundamental que desempeñar para poner fin a estos abusos: Condenar los abusos policiales, dar asistencia de condición a Colombia, y presionar a las autoridades para que establezcan diálogos significativos con los manifestantes y suspendan el uso de armas menos letales".
