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Con la presencia del ministro de la Defensa, Iván Velásquez Gómez; la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán; el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina; el alcalde de Jamundi; el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet y los delegados de la Policía, el Ejército, y la Fiscalía, se llevó a cabo un consejo de seguridad en la Tercera Brigada.
El ministro de Defensa Iván Velásquez le advirtió a todas las estructuras que hacen parte de las disidencias de las FARC que deben acatar el cese al fuego acordado con el Estado Mayor Central de lo contrario el Gobierno no podrá mantener el cese bilateral.
Esta declaración fue entregada por el ministro de defensa tras un Consejo de Seguridad, desarrollado en Cali, donde recordó que el cese bilateral no significa la suspensión de actividades por parte de la fuerza pública.
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“Hemos recalcado que un cese bilateral al fuego no es un cese en la actividad de las fuerzas armadas, no es un cese o una suspensión en las acciones que, en cumplimiento de la Constitución y la Ley, tienen que desarrollar las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, en la represión del delito que está ordenada por el Presidente de la República en los decretos del 31 de diciembre", expresó Velásquez
La Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldan indicó: “Me uno a las palabras del Ministro y me parece muy importante lo que hoy deja en claro: que una cosa es el cese al fuego y otra el no combatir y permitir la criminalidad, las extorsiones y el crimen organizado”.
Con estas palabras la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán González, respaldó las declaraciones del ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, quien encabezó un consejo de seguridad en la capital vallecaucana con el fin de conocer de primera mano las inquietudes y peticiones de las autoridades del Valle en materia de seguridad, especialmente en municipios como Jamundí, Tuluá, Buenaventura, Cartago y Cali.
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La Gobernadora agradeció al funcionario del Gobierno nacional y reiteró que desde la Administración departamental se ha brindado todo el apoyo logístico, económico y administrativo para el despliegue de la fuerza pública en el Valle del Cauca, con nuevos vehículos, recursos operativos y una bolsa de recompensas por más de $1.400 millones que ha permitido dar contundentes golpes contra el crimen.
