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El programa 'Jóvenes en paz' del Gobierno de Petro tiene como objetivo entregar a los jóvenes de zonas vulnerables un ingreso para que accedan a la educación superior y se alejen de la violencia.
Este programa está incluido en el Plan de Desarrollo en el artículo 348, en donde se establece que se implementará una ruta de atención integral a la juventud entre los 14 y 28 años de edad que se encuentra en situación de extrema pobreza y estén vinculados a dinámicas de criminalidad.
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Este programa ha generado polémica en el Congreso de la República y en la misma población Colombiana, pues muchos no están de acuerdo que estos recursos sean entregados a jóvenes que hayan estado relacionadas con algún tipo de violencia en el país.
La semana pasada Laura Sarabia, directora del Departamento de Prosperidad Social, sostuvo el primer debate con el Congreso de la República, en donde habló sobre el programa 'Jóvenes en Paz' y su principal objetivo.
De acuerdo a Sarabia este programa “tiene como objetivo generar alternativas a los jóvenes que están en condición de vulnerabilidad en departamentos donde no ha llegado Estado, pero si ha llegado la violencia y han llegado los actores al margen de la ley”.
Asimismo, indicó que este no es un programa para que los jóvenes no maten, es un programa para que tengan opciones de vida.
“Si no se le generan estas alternativas a los jóvenes, no podremos sacarlos de la violencia”, señaló.
Ahora bien, pese a las críticas y diferentes discusiones frente a este tema, el Gobierno de Gustavo Petro reglamentará en los próximos días el programa 'Jóvenes de paz'.
De acuerdo a lo expresado por Laura Sarabia, la primera fase de implementación de este programa durará entre seis y 18 meses.
En esta primera fase se vincularán a 5.000 hombres y mujeres menores de 28 años, quienes recibirán un subsidio mensual de $1.000.000.
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Laura Sarabia entregó algunos detalles de este programa a la revista Cambio en donde aclaró que el dinero que recibirán los jóvenes estará condicionado a gestiones de labores educativas, capacitaciones o de inserción laborales.
Por su parte, en un momento el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, indicó que la viabilidad económica para este proyecto será de $1,2 billones.
