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Graves denuncias llegaron a la oficina del presidente del Sindicato del Inpec en Antioquia, dragoneante Luis Pinzón, donde familiares de personas capturadas y hacinadas en sitios de paso, denuncian cobros de 2 y hasta 4 millones de pesos para que el detenido pueda ser trasladado a la cárcel Bellavista de Medellín.
Las irregularidades habrían quedado al descubierto por el traslado de personas que llevaban menos tiempo en las estaciones de policía que otras, lugares donde se afronta una crisis humanitaria por el hacinamiento y la falta de baños.
Tras poner estas denuncias en conocimiento del director de la cárcel Bellavista, el presidente del sindicato del INPEC recibió un correo firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, donde lo declaran "objetivo militar". El dragoneante Luis Pinzón lamentó estos hechos y dijo que ningún policía ni guardián está autorizado para cobrar dinero para gestionar cupos en las cárceles.
En diálogo con LA FM, el dragoneante advirtió que "Me abordaron algunos familiares de personas capturadas, me preguntaron si era cierto que tenían que pagar entre 2 y 4 millones de pesos para llevar a sus seres queridos a la cárcel Bellavista, teniendo en cuenta que están detenidas en sitios de paso en condiciones infrahumanas. En vista de eso emití denuncia penal, luego recibí un correo electrónico donde me dicen que me declaran objetivo militar por parte de los Gaitanistas".
El presunto cobro de 4 millones de pesos a las familias de personas capturadas se estaría dando justo cuando en los sitios de paso, es decir en los calabozos de las estaciones de policía, hay más de mil personas hacinadas, lo que aumenta el desespero para obtener un cupo en las cárceles metropolitanas. El presidente del sindicato del INPEC hizo un llamado para que estas denuncias no afecten el buen nombre de los guardianes, por lo que exigió una investigación.
El líder del sindicato del INPEC anunció que interpondrá las acciones legales por las amenazas de muerte en su contra. Para investigar estos hechos, este lunes se reunirán el director de la cárcel Bellavista, el líder de los guardianes del INPEC y el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Se investiga si el Clan del Golfo está detrás de estos cobros ilegales a las familias de las personas capturadas.
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