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Los habitantes, víctimas de desplazamiento forzado en el marco del conflicto, han sido drásticamente afectados por la sequía.
Un incidente de desacato y acciones judiciales de carácter penal y disciplinario presentará la Defensoría del Pueblo ante el incumplimiento del Estado frente a la protección de los derechos fundamentales de 32 familias, que bajo condiciones de extrema vulnerabilidad conviven en la vereda La Púa, a 40 minutos de la capital del departamento de Bolívar.
Se trata de personas víctimas de desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado, quienes el 12 de Junio y el 28 de Julio de 2014 fueron beneficiadas por sentencias judiciales que tutelaron los derechos fundamentales a la vida digna, la salud, la dignidad humana y la integridad física, sicológica y moral de esta población, que tras dos desalojos estableció como lugar de asentamiento esa zona rural de Cartagena.
Sin embargo, y pese a las órdenes perentorias que en su momento se impartieron a instancias como la Alcaldía, el ICBF, la Unidad de Víctimas y el Incoder, la asistencia y el cumplimiento de lo mandado por el Juzgado Décimo Tercero Oral Administrativo del Circuito de Cartagena y el Tribunal Administrativo de Bolívar, ha sido parcial y en todo caso insuficiente.
La Defensoría del Pueblo, evidenció que al menos 20 de las 32 familias se encuentran en condiciones de alto riesgo, dados los efectos de la sequía, la falta de alimento, su hábitat prácticamente a la intemperie, la ausencia de ayudas correspondientes a los aportes nutricionales para primera infancia, la incertidumbre respecto al inicio de los programas de alimentación escolar y las distancias (un poco más de 3 kilómetros) que deben recorrer los niños para asistir al único establecimiento educativo ubicado en esa jurisdicción.
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